En el “Informe Sombra” de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que da cuenta de las condiciones carcelarias en Puebla, se documenta que de las quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) en 2017 contra autoridades estatales, 4 de las 10 más señaladas son centros penitenciarios, con un total de 200 quejas.

El hacinamiento y la sobrepoblación, la inadecuada distribución del espacio, la falta de condiciones básicas de higiene, los malos tratos y la falta de oportunidades laborales o formativas, si bien atraviesan a todas las personas privadas de libertad, se agravan considerablemente en el caso de las mujeres, particularmente entre las embarazadas o con hijos.

En centros cuya sobrepoblación alcanza hasta 143-145 por ciento, como en la cárcel distrital de Tepeaca o el de Reinserción Social de Cholula, y dentro de un sistema que tiene una tasa de suicidios que nos coloca en primer lugar a nivel nacional —posición que también guardamos en desórdenes al interior de las prisiones—, las mujeres regularmente pasan desapercibidas.

“En términos penitenciarios, no se toma en cuenta a las mujeres porque representan un número muy pequeño en comparación con el número de hombres que está privado de libertad (casi 10 a 1), pero al final, el que se les ignore hace que se violen más sus derechos humanos,” dijo Tadeo Luna.

Debido a esta segmentación de género, se lee en el “Informe Sombra”, se les niega a las mujeres derechos que a los hombres sí se les garantizan, como tener más espacios de recreación, más capacitación para el trabajo y más atención educativa o de salud, aún cuando son mujeres las más vulnerables a la depresión, la ansiedad y otro tipo de perjuicios derivados de la situación psicoemocional y física tras su reclusión.

Un encierro muchas veces promovido por el sobreuso de la prisión preventiva. En septiembre de 2018, documentan las organizaciones civiles, 43.6 por ciento de las mujeres privadas de la libertad por delitos del fuero común se encontraban bajo este esquema, comparado con el 36.4 por ciento de los hombres; para el fuero federal el porcentaje aumentaba a 55.6 por ciento (44.4 por ciento en hombres).

A través de datos abiertos del gobierno del estado, el IDHIE descubrió que, desde principios de 2018, ha estado ocurriendo un fenómeno preocupante: el aumento gradual en el número de personas en prisión preventiva, tendencia significativa en el caso de las mujeres, pues hasta enero de 2019, el número de mujeres sentenciadas y procesadas era prácticamente el mismo, cuestión que no sucede con los hombres.

La situación al interior de los centros penitenciarios se suma a la baja representación de las mujeres en las quejas por tortura ante la CDH, pues en el mismo periodo en que se admitieron 16 quejas por tortura contra 25 hombres y 4 mujeres, se clasificaron otras 61 por tratos crueles, inhumanos o degradantes sólo contra éstas.

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