En México, la tortura es una práctica sistemática y generalizada con un patrón que va más allá de decisiones personales, con métodos perfeccionados, empleada a lo largo y ancho del territorio nacional por distintas instituciones, y que se ha recrudecido conforme se ha militarizado la seguridad pública, refiere Rodolfo Tadeo Luna de la Mora, investigador del Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría SJ” (IDHIE).

En el periodo que va de enero de 2006 a diciembre de 2017, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) sumaba 9 mil 539 investigaciones penales relacionadas con la tortura (entre averiguaciones previas y carpetas de investigación), de las cuales 4 mil 828 se encuentran pendientes.

El “Informe Sombra” de las Organizaciones de la Sociedad Civil relata que la Fiscalía Especializada en Tortura de la PGR afirmaba tener alrededor de 13 mil expedientes en el mismo periodo, lo que contradecía las primeras cifras oficiales. Más allá de estas discrepancias, lo grave del asunto reside en el número finalmente consignado por la PGR: 24, una cifra que apenas representa entre 0.18 y 0.25 por ciento de los casos.

Al nivel estatal, 23 de las 32 Fiscalías informaron haber recibido al menos 6 mil 320 denuncias por tortura de 2006-2017. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla, se registraron 33 casos, siendo el de Rafael Moreno Valle Rosas, el periodo con mayor cantidad de investigaciones penales, iniciadas con 26.

En el caso de Puebla, las recomendaciones del Comité contra la Tortura nos interpelan en varios ámbitos: el estado de hacinamiento en las prisiones y la figura de la prisión preventiva, que afecta en mayor medida a las mujeres; las detenciones arbitrarias, los tratos crueles y la tortura para obtener confesiones; las desapariciones forzadas, a pesar de la conformación de la Comisión Estatal de Búsqueda; los casos de tortura al interior de los centros de detención de migrantes, y la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

Se contarían las graves deficiencias en las investigaciones de actos de tortura y malos tratos, comenzando por la armonización normativa del Derecho de las Personas a la Protección contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que a septiembre de 2018 llevaba un 34.29 por ciento de avance, por debajo de la media nacional de 43.54; pero también considerando que de 2010 a 2016, la CDH de Puebla sólo emitió 3 recomendaciones por tortura de un total de 16 quejas por violaciones, o que el TSJ de Puebla sólo haya presentado una causa penal por este delito.

Guardia Nacional, militares con banda negra

El caso de Palmarito Tochapan, en el municipio de Quecholac, donde diversas personas fueron detenidas y/o violentadas por miembros del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública el 3 de mayo de 2017 en Palmarito Tochapan, localidad con fuerte presencia de robo de combustible, tan sólo exhibiría —además de las ejecuciones—uno de los tantos tratos crueles cometidos por elementos de instituciones policiales y castrenses “en el cumplimiento de su deber”, en ese escenario al que fueron arrojados desde la Presidencia en 2006, situación que podría agravarse tras el despliegue de la Guardia Nacional.

Los delincuentes capturados por esta nueva corporación serán llevados ante Fiscalías estatales desbordadas, y si no suceden otros eventos como los de Quecholac, dijo el investigador del IDHIE, a prisiones que ya están llenas.

“Son exactamente las mismas personas (ahora con una banda negra) que no tienen la preparación para hacerse cargo de la seguridad pública, las mismas personas que ven al otro como enemigo,” aseguró respecto a los 2 mil 363 elementos que llegaron a Puebla este 1 de julio.

Puedes leer:
Puebla conserva 33 casos de tortura
Ignorada, crueldad contra mujeres
No se llama a las cosas por su nombre: Torturado