Ante el creciente número de casos de intentos de linchamientos y consumación de estos actos en la entidad, la entonces Secretaría General de Gobierno (SGG) actualizó el Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamientos en el Estado de Puebla.

De acuerdo con información en el paquete de ordenamientos jurídicos disponible en el sitio de transparencia de la actual Secretaría de Gobernación, se constató que el 29 de mayo se publicó un nuevo documento y abrogó el creado el 9 de mayo de 2018.

Desde el primer artículo del nuevo protocolo se deslindan con claridad las responsabilidades para los diferentes actores públicos, como que los gobiernos municipales son los primeros respondientes y la autoridad estatal aparece sólo como coadyuvante.

Además, contiene ese primer artículo que ahora, la finalidad de la aplicación del procedimiento consiste en proteger la vida, brindar garantías a las personas, respeto a los derechos humanos y establecer formas de actuación de cuerpos policíacos.

Mientras en el protocolo de mayo de 2018 el documento comenzaba con un glosario de términos relativos a este tipo de incidencias, ahora se dispuso que los conceptos conformaran el segundo artículo del reciente texto.

En el artículo tercero se incorporó un par de incisos que establecen con mayor precisión las prioridades al conocerse un caso de intento de linchamiento.

En el nuevo documento se incorporó que también se deben garantizar, proteger y respetar irrestrictamente los derechos humanos de las niñas, los niños, mujeres y hombres, cuando el anterior abordaba este apartado en términos generales.

Además se estableció que otro objetivo de intervenir consiste en garantizar el derecho a la justicia, a la legalidad y al estado de derecho.

El artículo cuarto también se reformó en función de la competencia de cada una de las autoridades participantes, que delega la responsabilidad a los municipios y no al estado, como ocurría anteriormente, al menos en la redacción del protocolo.

“Son autoridades competentes para instrumentar el presente Protocolo, el Primer Respondiente, la Autoridad Municipal como primer responsable y la Autoridad Estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones,” se definió en el texto de 2019.

Este nuevo protocolo lo redactó la SGG a cargo de Fernando Manzanilla, pero del entonces gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido.

Los demás cambios, todos de fondo, obedecen a la actuación a seguir, principalmente de parte de la autoridad municipal y después del resto de las dependencias y corporaciones participantes, pero a partir de los cambios de esos primeros artículos que redefinieron las responsabilidades.

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