Archivo Enfoque | Dos de las iniciativas de reforma ya habían caducado. Congreso Local, sin injerencia en temas civiles y familiares
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El Congreso de la Unión es el único capaz de resolver sobre asuntos de esa índole.
La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado aprobó este martes, por unanimidad, la improcedencia de tres iniciativas de decreto para reformar los artículos 2, 108 y 218 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Esto en el entendido de que el Congreso de la Unión es el único capaz de resolver sobre asuntos procesales civiles y familiares, según quedó asentado en la reforma a la fracción trigésima del artículo 73 constitucional federal del 15 de septiembre de 2017, que entró en vigor al día siguiente de su publicación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reforzó este planteamiento en su resolución de la acción de inconstitucionalidad 144/2017, promovida por la Procuraduría General de la República (PGR) a propósito del decreto publicado en el periódico oficial del estado de Coahuila, el 22 de septiembre de 2017.
“Si bien las legislaciones procesales en material civil y familiar de las entidades federativas permanecerán vigentes hasta que sea emitido el Código Nacional en esas materias, los estados carecen de facultades para legislar sobre este tema, pues de hacerlo invaden las facultades reservadas al Congreso de la Unión para legislar en materia procesal civil y familiar,” resolvió el pleno de la corte en su momento.
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Con base en esta argumentación, se declararon improcedentes cada una de las iniciativas de reforma al Código de Procedimientos Civiles del Estado, que tenía entre otras intenciones, permitir que las niñas, niños y adolescentes intervengan en los procedimientos sobre cuestiones civiles y familiares, así como legislar sobre asuntos de nulidad de matrimonio y rectificación de actas del estado civil.
Durante la sesión virtual, la diputada Rocío García Olmedo, en su intervención, destacó que dos de estas iniciativas de reforma, además de contravenir las disposiciones constitucionales, ya habían caducado, pues pasaron más de 180 días de su presentación. Sin embargo, su propuesta para incluir esta otra argumentación a las declaraciones de improcedencia fue desechada por sus compañeros diputados.
Mónica Lara Chávez, por su parte, propuso y obtuvo el respaldo de la comisión, para elaborar más adelante un documento que genere vínculos con especialistas y realizar un estudio referente a este conflicto de facultades entre la entidad y la Federación, en vista de la imposibilidad del Congreso del Estado para legislar en la materia.
