Unos días después de las reuniones con el exalcalde panista, Luis Banck, Claudia Rivera Vivanco pactó diversas reuniones con el entonces gobernador morenovallista, José Antonio Gali Fayad.

La situación se agravó cuando Claudia Rivera acudió a la toma de protesta en el Auditorio de la Reforma de Martha Erika Alonso el 14 de diciembre de 2018, tan solo 10 días antes de que perdiera la vida junto con Rafael Moreno Valle en un accidente de helicóptero.

Durante el primer año de labores, que Barbosa se sumó a los regidores del G5 en las críticas contra la alcaldesa, al cuestionar su traición al partido, falta de resultados, de contratar a por lo menos 15 personas ligadas al grupo morenovallista y su afinidad a negarse a investigar las irregularidades cometidas por su antecesor.

Barbosa recrimina a Claudia en su primer informe de gobierno

Posteriormente, estando ambos en funciones y cuando Luis Miguel Barbosa Huerta ganó la elección extraordinaria, los reclamos se agudizaron.

Durante el primer informe de labores de Claudia Rivera Vivanco, Barbosa Huerta reprochó a la alcaldesa que a un año de asumir el puesto, se hayan olvidado de denunciar las irregularidades encontradas en las administraciones pasadas.

“Pasó un año y parece que se olvidaron de todo lo que encontramos, verdad. Y ahora los responsables de ayer, son los críticos de hoy. Les damos la libertad de hablar, pero también hay que taparles la boca.”

Además criticó que la administración municipal estuviera plagada de prisitas, panistas y morenovallistas, en lugar de abrir las puertas a los ciudadanos e incorporarlos como era la esencia de la Cuarta Transformación.

El gobernador del estado exhortó a la administración municipal a cerrar filas en contra de la corrupción y de las prácticas que ejercían los gobiernos panistas.

“Qué nos dejaron las anteriores administraciones? Nos dejaron una seguridad pública desmantelada, corrupción al tope, se vincularon con los huachicoleros; mejor dicho, eran los huachicoleros los de los gobiernos panistas.”

El 13 de marzo, el rompimiento entre Barbosa y Rivera llegó a grandes dimensiones, cuando el gobernador anunció que tomaría el control de la seguridad y nombraría como delegada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a Carla Morales, persona ligada al morenovallista Ardelio Vargas Fosado.

El argumento fue la falta de resultados en seguridad, que se daban las condiciones extraordinarias para tomar el control y que había altos mandos en la policía municipal ligados al crimen organizado, entre ellos, la actual titular de la dependencia María de Lourdes Rosales Martínez.

En respuesta, Claudia Rivera se negó a aceptar que el estado tomara el control de la seguridad en el municipio y del nuevo nombramiento de una delegada argumentando que se violaba el artículo 115 Constitucional a la autonomía municipal.