Comités se apoderan de la gestión del agua en Puebla

Organizaciones civiles y comunitarias denunciaron que las juntas auxiliares otorgan permisos para la instalación de empresas

Aunque la Ley del Agua para el Estado de Puebla reconoce a los Ayuntamientos, a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento y a los Organismos Operadores como los únicos con las competencias y atribuciones en materia de gestión del agua y prestación de servicios públicos, la figura de los Comités de Agua de las juntas auxiliares persiste.

Es en las juntas que se encuentran fuera del polígono que tenía establecido el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) —y que ahora administra Agua de Puebla— donde estos comités no sólo siguen trabajando —al amparo de la ley—, sino que de acuerdo con organizaciones civiles y comunitarias, son los responsables de otorgar “permisos” para la instalación de empresas y naves industriales, además de cambios de uso de suelo y factibilidad para desarrollos inmobiliarios.

Esto sin contar el uso de pozos y otros cuerpos de agua de las comunidades y las descargas de residuos de las empresas en redes y colectores de la red municipal —sin estudios de viabilidad—, incluso en los afluentes y los ríos tributarios de la cuenca del Atoyac, como lo denunciaron durante el fin de semana pasado las organizaciones locales que recibieron a la Caravana ToxiTour 2019, integrada por 36 expertos y legisladores internacionales.

Lee: Ambientalistas recorren zonas contaminadas en Puebla


“Las juntas lo permiten todo”

En un artículo de 2017, Verónica Mastretta, consejera fundadora de la asociación civil “Dale la cara al Atoyac”, refería que las juntas auxiliares “lo permiten todo”, funcionando pese a estar prohibidas por la Ley Estatal del Agua. Hablaba del caso particular de San Martín Texmelucan, donde se planeaba construir una planta de tratamiento hace casi dos décadas.

A dos años de la publicación, Mastretta aseguró a El Popular, diario imparcial de Puebla, que las juntas auxiliares del estado siguen entregando factibilidad hídrica (sin ser su atribución) a empresas de carácter industrial y desarrolladoras inmobiliarias.

“Una junta le da a un desarrollador ese permiso y ellos se presentan a Desarrollo Urbano y sacan su licencia de construcción. Les dicen ‘el agua ya me lo resolvió San Pedro Zacachimalpa’ (u otra junta auxiliar),” dijo.

Algunos casos recogidos por ésta y otras organizaciones apuntan a juntas auxiliares de Santa Clara Ocoyucan, donde la desarrolladora a cargo de Lomas III consiguió un permiso de factibilidad para la construcción de 50 mil casas, en un municipio de poco más de 28 mil habitantes.

También se menciona el caso de la junta auxiliar de La Resurrección, donde se presume que existe un nuevo corredor conformado por alrededor de 300 naves industriales, que están descargando sus desechos de forma irregular.

“Esos comités de las juntas auxiliares, en lugares como San Martín Texmelucan, están invadiendo una atribución municipal sin ningún conocimiento. Toda la industria metalmecánica se ha ido a meter por eso a las juntas del norte de la ciudad,” aseguró.

Lee: Pobladores, en defensa del río Metlapanapa

Mecanismos de control, sin ejercer presupuesto

Aunque la Dirección de Gestión del Agua y Planeación Municipal del Ayuntamiento de Puebla —creada por Luis Banck en 2017— tiene la capacidad para supervisar a ese 30 por ciento de la ciudad que escapa a la cobertura de Agua de Puebla, su propio director admitió en noviembre pasado que no se había ejecutado 70 por ciento de los 7.4 millones de pesos que tenía asignados en el presupuesto para 2019.

Ésta es la única forma de ponerle rostro, asegura Mastretta, a ese padrón de ocho mil empresas que contaminan la cuenca del Atoyac; y que el exsecretario Rodrigo Riestra Piña no quiso perseguir, amparándose en la competencia exclusiva de la Profepa y la Conagua.

  • URL copiada al portapapeles