Como se había anunciado desde el pasado 20 de mayo —fecha en que se tenía contemplada su presentación—, la amnistía se haría extensa a todas aquellas personas sujetas a proceso o sentenciadas, siempre y cuando las acusaciones o penas tengan ver con los delitos de aborto, robo simple sin violencia, delitos de carácter político y todos aquellos en contra de personas pertenecientes a pueblos indígenas que defendían su tierra y su territorio, y que no contaron con las garantías de ley durante el proceso.

La normativa tiene el objetivo de mitigar la crisis de legitimidad por la que atraviesa el sistema judicial en el país y en el estado, herencia de gobiernos anteriores, insistió el diputado morenista.

Se refirió en específico a la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, a la que calificó de “ilegítima y espuria” por haber iniciado una falsa guerra contra el crimen organizado, pero también al gobierno de Rafael Moreno Valle, al que denominó de “autoritarismo subnacional” por haber dejado una cuota de más de 360 presos políticos, la mayoría bajo el tipo penal de ataques a las vías de comunicación.

“En ambos ejemplos mientras por un lado se le mentía al pueblo argumentando que se combatía a la delincuencia, tras bambalinas llenaban las cárceles de falsos delincuentes y arruinaban la vida de miles de familias mexicanas,” aseguró.