El arranque de la obra ocurrió en el tramo 4 Izamal-Cancún, en el municipio Lázaro Cárdenas del estado de Quintana Roo, que tendrá unos 260 kilómetros con una inversión de alrededor de 27.000 millones de pesos (unos 1.225 millones de dólares).

Dijo que la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA), a cargo de la obra, tiene que cumplir con los programado "en tiempo y presupuesto porque ya no habrá ampliación".

"El proyecto es muy ambicioso y cambiará la cara de la región", dijo la directora de ICA, Guadalupe Phillips, ya que permitirá que convivan dos vía de comunicación, la férrea y la carretera, como sucede en muchos países del mundo.

El megaproyecto ferrocarrilero, de 1.475 kilómetros de extensión y que atravesará cinco entidades del sureste de México, es junto con el Aeropuerto de Santa Lucía en el Estado de México y la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, los proyectos insignia en infraestructura del Gobierno de López Obrador.

UN MILLÓN DE EMPLEOS

Según el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons y encargado del proyecto, la influencia del tren en el ordenamiento territorial en la región "será determinante".

"El Tren Maya va cuidar el medio ambiente, a mejorar las ciudades y a distribuir los beneficios del crecimiento", apuntó el encargado en consonancia con un reporte de ONU-Habitat, programa de Naciones Unidas para los asentamientos humanos.

Hace una semana, el organismo señaló que el Tren Maya generará casi un millón de nuevos empleos y sacará de la pobreza a más de un millón de personas en el sureste de México.

ONU-Habitat señaló que, gracias al tren, de aquí al año 2030 se crearán 715.000 nuevos empleos en los 16 municipios con una estación de tren, 150.000 empleos en la economía rural asociada al tren y 80.000 más con los trabajos de construcción de los cinco primeros tramos en 2020.

Además, se apuntó que el proyecto sacará de la situación de pobreza a 1,1 millones de personas ya que en estos años la población pasará de los 12,1 millones actuales a 17,3 millones de personas. "De ellas, 6,1 millones estarán en situación de pobreza. Si no existiera el Tren Maya, esta cifra ascendería a 7,2 millones".

A mediados de mayo, organizaciones ambientalistas, indígenas y civiles, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomar medidas cautelares para "evitar daños irreparables" al acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, sureste de México, ante los posibles daños que ocasionaría la construcción del megaproyecto del Tren Maya.

Señalaron que el acuífero es un "elemento indispensable" de los territorios y principal fuente de abasto de agua de la población y de las comunidades del pueblo maya.

Por lo que en aplicación del principio precautorio en materia medioambiental solicitaron que el Estado mexicano se abstenga de la construcción del Tren Maya por los "daños graves e irreparables que este pudiera ocasionar al acuífero".