Apuntó que las personas que no acataran la medida serían detenidas y llevadas a un "centro de contención" para pasar ahí la cuarentena y se le retirarán "algunos beneficios" que reciben quienes se encuentran en estos lugares desde que comenzó la emergencia.

Guevara-Rosas dijo que las autoridades salvadoreñas han detenido a miles de personas y las han llevado a centros de contención que, muchas veces, "no cuentan con medidas que garanticen un nivel mínimo de salubridad y distanciamiento físico".

Y señaló que con esta estrategia, el gobierno solo incrementa el riesgo de contagio en lugar de protegerles de la enfermedad y aseguró que estas medidas afectan de manera desproporcionada a quienes viven en pobreza y salen en busca de agua, comida o medicinas.

Aseguró que El Salvador necesita soluciones integrales que atiendan la desigualdad y las causas que provocan que muchas personas necesiten salir para satisfacer sus necesidades básicas.

A mediados de abril, Bukele decidió ampliar el estado de emergencia nacional por COVID-19 por quince días y empezó a vivir una crisis institucional tras el anuncio de Bukele de ignorar una sentencia de la Corte Suprema que ordena frenar las detenciones y confinamientos "forzosos" de quienes violen la cuarentena decretada ante la pandemia.

AI condenó esos mensajes públicos del presidente que llaman al incumplimiento de dichas sentencias y que desacreditan a las organizaciones de derechos humanos.

"El Gobierno está siguiendo un camino muy peligroso que vulnera el Estado de Derecho y los derechos humanos", puntualizó Guevara-Rosas.

Hasta este miércoles, El Salvador registra 377 contagios, mientras que los fallecidos suman 9, según datos oficiales.