En duda, argumentos del Gobierno del Estado para cambio en SSC

La autoridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla sigue siendo incierta, mientras tanto así pinta la seguridad en Puebla.

En pleno conflicto entre el Ayuntamiento de Puebla y el Gobierno del Estado, por la negativa de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco para aceptar la designación de Carla Morales al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), conviene contrastar los resultados más recientes del Ayuntamiento en materia delictiva.

En general, se advierte un desempeño similar entre uno y otro orden de gobierno, sin embargo, como en cualquier capital del país, ésta concentra gran parte de los delitos que se reflejan en el reporte estatal. La presunta “fuerza mayor o alteración grave del orden público” esgrimida por el Gobierno del Estado, por otro lado, no es del todo clara.

Delitos contra el patrimonio, concentrados en la capital

En la capital poblana, los delitos contra el patrimonio, que son los que más afectan el día a día de los ciudadanos y modifican su percepción sobre la seguridad, siguen la tendencia de las cifras estatales, con reducciones en casi todos los rubros.

Los incrementos más notorios en los primeros dos meses del año, sin embargo, se reflejan en los robos en transporte público colectivo (85.71 por ciento), a transportista (20 por ciento) y a transeúnte en la vía pública (9.09 por ciento), de acuerdo con las últimas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Cabe notar que gran parte de los delitos contra el patrimonio que se cometen a nivel estatal, corresponde a la ciudad de Puebla: 82 por ciento de los robos en trasporte público individual, 67 por ciento de los robos en transporte público colectivo y a instituciones bancarias, y 40 por ciento de los robos de vehículos automotores.

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Asimismo, 38 por ciento de los robos a negocio, 30 por ciento de los casos de extorsión, 27 por ciento de los robos a transeúnte en la vía pública y 26 por ciento de los robos a casa habitación.

Delitos de género, sin freno alguno

Los delitos contra la libertad y la seguridad sexual, como se expuso en una nota previa, son los que mayores incrementos registran tanto a nivel estatal como municipal.

Las carpetas de investigación abiertas por abuso sexual y violación equiparada en Puebla capital aumentaron en 51.85 y 54.54 por ciento, en tanto que el hostigamiento sexual y el acoso sexual se incrementaron en cien y 325 por ciento respectivamente.

Mientras que la violencia familiar se redujo ligeramente, en un 6.83 por ciento, el SESNSP reporta al menos tres nuevos feminicidios en el mes de febrero, cuando en el mes previo no se habían presentado casos.

Al igual que con los delitos contra el patrimonio, conviene apuntar que 47 por ciento de los casos de abuso sexual, 42 por ciento de acoso sexual, 46 por ciento de hostigamiento sexual, 42 por ciento de violación simple, 51 por ciento de violación equiparada, 42 por ciento de incumplimiento de obligaciones, 35 por ciento de violencia familiar, 25 por ciento de corrupción de menores y 18 por ciento de los feminicidios, se cometen en esta ciudad.

A la baja, delitos contra la vida y la integridad

Los homicidios, por otro lado, reportaron una baja del 23.80 por ciento de enero a febrero, aunque desagregando por subtipo, los homicidios dolosos continúan en el mismo nivel que en el primer mes del año, con 14 eventos en ambos casos.

A nivel estatal, la reducción de los homicidios dolosos y culposos es incluso menor, 12.93 por ciento en el mismo periodo. Las lesiones dolosas en la capital, en tanto, se redujeron 14.70 por ciento, mientras que en toda la entidad sólo lo hicieron en 3.76 por ciento.

Conflicto Rivera-Barbosa, en medio de la crisis sanitaria

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A decir de Miguel Barbosa Huerta, el cambio en la SSC responde a que, como gobernador, tiene la atribución constitucional de ordenar modificaciones dentro de la estructura de la policía municipal por casos que, a su juicio, cumplan con las condiciones de “fuerza mayor o alteración o alteración grave del orden público”.

Rivera, por su parte, insiste en que su administración ha realizado incluso operativos inéditos en zonas de alta incidencia delictiva, denunciando además que algunos de los asesores del mandatario estatal —incluyendo la propia Carla Morales, ex secretaria particular del secretario de seguridad pública de Rafael Moreno Valle—, tienen un largo historial de cuestionadas actuaciones.

Este conflicto tiene lugar en medio de la crisis sanitaria y económica derivada de la contingencia mundial por la expansión del COVID-19, por lo que tanto políticos locales como cámaras empresariales se han pronunciado por una pronta resolución, ya que esto agrega más tensión a un escenario de por sí complejo.


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