Al menos tres puntos de acuerdos relacionados con los recientes hechos de violencia en Puebla se han propuesto en la Cámara de Diputados; fueron promovidos el pasado 3 de marzo por legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Encuentro Social (PES). El primero de ellos, suscrito por 11 parlamentarios del PRD, tiene el objetivo de exhortar al gobierno estatal y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), encabezada desde hace un par de semanas por Raciel López Salazar, para que haga públicas las medidas y estrategias que se están implementando para reducir la violencia. Asimismo, se hace un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE), en la que fue ratificado recientemente Gilberto Higuera Bernal, para que investigue de forma exhaustiva, imparcial y sin contratiempos el caso de los cuatro jóvenes asesinados en Huejotzingo, tres de ellos estudiantes de la BUAP y la UPAEP, así como cualquier otro caso sobre que no haya certeza ni legalidad en las diligencias. El segundo punto de acuerdo, promovido por el Grupo Parlamentario del PRI, exhorta a la Fiscalía y al Gobierno del Estado, igualmente, garantizar objetividad y transparencia en las investigaciones de los homicidios del 23 de febrero. También puedes leer: Mujeres se reúnen por inseguridad en Puebla; falta Morena y Partido VerdeAunado a ello, demanda al Gobierno de Puebla a fortalecer, en vista del incremento de la incidencia delictiva, su estrategia de seguridad, con la finalidad de proteger el patrimonio, integridad y vida de los poblanos. Y que el ex secretario de Gobernación Fernando Luis Manzanilla Prieto, hoy diputado del Grupo Parlamentario del PES, propuso un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado a diseñar e implementar políticas públicas participativas para garantizar mayor seguridad a la población. A diferencia de los anteriores puntos de acuerdo, el del ex secretario reconoce “la actuación pronta y eficaz” de la Fiscalía, y plantea la posibilidad de elaborar un plan integral de paz y bienestar que cuente con la participación de funcionarios, legisladores, integrantes del Poder Judicial, universidades, sociedad civil, empresarios, sindicatos, medios de comunicación y congregaciones religiosas.
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