Agencia | Maestros que solicitaron licencia siguieron percibiendo un suelo. Por aclarar 8.2 mdp entre pago de maestros aviadores en 2018
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El gobierno estatal incurrió en un daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal en materia de educación.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades cometidas por el gobierno estatal en materia de pago de nómina a docentes durante el 2018, en el que personas ajenas a la enseñanza percibieron un sueldo injustificado.
El gobierno federal destinó cerca de 17 millones 110 mil 214 pesos a la administración estatal de José Antonio Gali Fayad, bajo el programa Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; de los cuales, la auditoria superior pidió que se aclare el monto de 8 millones 270 mil 987 pesos.
Las observaciones realizadas por la ASF señaló que de los 28 expedientes, ocho presentaron irregularidades como el pago a trabajadores no identificados, con un monto de 2 mil 140 pesos.
Además, se les pagó a trabajadores que no acreditaron funciones de educación básica, a quienes se les extendió hasta mil 590 pesos.
También lee: Genoveva sí tiene plaza, pero no cobra: SEPOtra de las irregularidades fue otorgar un pago de 243 mil pesos a trabajadores comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado de Puebla, el cual no correspondía a las funciones del gobierno estatal.
En cuanto a maestros que solicitaron una licencia sin goce de sueldo, se detectó que se destinaron hasta 635 mil pesos. Además de que trabajadores que se dieron de baja siguieron percibiendo un suelo, en el que el gobierno estatal destinó hasta 2 millones 611 mil de pesos.
“El gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en el pago de trabajadores no identificados en el centro de trabajo, de pago indebido a trabajadores comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores en el estado de Puebla”, señaló la auditoria.
En este sentido, la ASF estimó un daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal por 8 millones 271 mil pesos.
“El Gobierno del Estado de Puebla careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría”, concluyó la ASF.
