Agencias | Los integrantes de PCCI dijeron que las dependencia que investigan el tema de Trama Audi se mantienen al margen. Vigente, estructura morenovallista con Miguel Barbosa: PCCI
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La misma estructura de Moreno Valle que permitió la Trama Audi sigue vigente así lo aseguran integrantes de Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad
“La misma estructura de Moreno Valle que permitió la Trama Audi sigue vigente en este momento”, aseguró Enrique Cárdenas, director ejecutivo de Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad (PCCI).
Aunque han pasado más de cien días desde la toma de protesta del gobernador Miguel Barbosa, la organización denunció que salvo las investigación interna iniciada por el Registro Agrario Nacional y la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, el resto de las instituciones competentes e involucradas se han mantenido al margen de las denuncias públicas y formales hechas por PCCI desde la publicación del libro “La Trama Audi, componendas de un gobierno autoritario”.
La obra co-escrita por Sergio Mastretta y María Eugenia Silva documentó el uso discrecional que las administraciones estateme del dinero público, la opacidad de los procesos en las obras publico-privadas y el sometimiento de los poderes públicos al Ejecutivo en turno. En particular, se evidenciaban anomalías en la adquisición de tierras donde se educaría la plataforma Audi y los terrenos que comprenden la abandonada Ciudad Modelo.
También puedes leer: Exhibe Trama Audi opacidad en negocios millonariosGerardo Navarro y Enrique Cárdenas, en compañía de Mastretta, señalaron especialmente el incumplimiento de la promesa del gobernador del 9 septiembre, cuando dijo que eliminaría las más de tres mil reservas de información que datan de los últimos ocho años; algunas de estas correspondientes a los pormenores que la Trama Audi no alcanzó a indagar por falta de transparencia.
En el caso específico del contrato signado entre la empresa Audi y el gobierno del Estado —reservado desde 2016 y hasta 2021 por la Secotrade—, se sigue resguardando so pretexto del interés social que se vería afectado de divulgarse la información; se menciona que “otros estados de la República podrían inferir en el ánimo de futuros inversionistas nacionales y extranjeros”.
Esta y otras reservas de información —como la del listado de predios comprador por el OPD Ciudad Modelo—, y la negativa de los Comités de Transparencia y el propio ITAIP a recibirlos como organización, aseguran, es una de las pruebas de que la voluntad del gobernador sigue limitando las competencias de los órganos autónomos.
