Claroscuros en el gabinete de Barbosa a 100 días de gobierno

Entre incumplimiento y polémicas, los secretarios de la actual administración han destacado por acciones que les han acarreado críticas negativas

Decisiones controvertidas, fallas en la operación de sus programas o acciones de gobierno, incumplimiento en estrategias y resultados, además de adoptar bajo perfil. Así fue el desempeño de los miembros del gabinete estatal en los 100 días del mandato.

En un recuento de hechos, un primer bloque de funcionarios destacó por no cumplir al menos uno de los compromisos hechos por Miguel Barbosa Huerta en su toma de protesta el 1 de agosto.

En primer lugar, el titular de Seguridad Púbica, Idelfonso Amezaga Ramírez, en lo que va de la administración morenista no presentó una estrategia para combatir la violencia en el estado, erradicar a los grupos criminales y reducir la comisión de prácticas delictivas.

Con la reducción del robo de gasolina se incrementaron otros delitos como robo a transporte en carretera, con mayor presencia en una franja del Triángulo Rojo, desde Amozoc hasta la zona de Cuacnopalan, municipio de Palmar de Bravo.

En la región de Huixcolotla, conforme a reportes difundidos en El Popular, diario imparcial de Puebla, aumentaron los casos de secuestro exprés, extorsión, así como enfrentamientos entre grupos criminales.

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Además, hasta el momento se desconoce la versión pública de una estrategia de combate a la inseguridad, y tampoco se difundió si los convenios de colaboración en la materia con los gobiernos municipales de Ajalpan y Tehuacán ya arrojaron resultados.

El área de Infraestructura es otra de las carteras con pendientes, ya que en 100 días sólo existe en proceso una obra relevante, la construcción de la Autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, misma que no es propuesta de la actual administración, sino que se retoma después de quedar abandonada en el morenovallismo.

No hay otras acciones relacionadas con esta dependencia en proceso, y las que se concluyen comenzaron en el periodo del gobierno interino.

En el caso de la Secretaría de Salud, Jorge Humberto Uribe Téllez, de acuerdo con reportes difundidos en este medio, ha incumplido con el abasto a tiempo de medicamentos en centros hospitalarios del estado.

Además, se retrasó la compra del líquido que se utiliza para combatir la proliferación del mosco transmisor del dengue, lo que derivó en un incremento en el número de casos en territorio poblano.

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Ana Laura Altamirano Pérez, de la Secretaría de Desarrollo Rural, es otra de las funcionarias con malos resultados en este periodo de gobierno, ya que se desconoce el programa del sector y las áreas de oportunidad que detonarán en el campo local.

Un segundo bloque de funcionarios estatales destaca por la polémica en la toma de decisiones, y en la lista aparecen Guillermo Aréchiga Santamaría, de Movilidad y Transportes; Julio Glockner Rossainz, de Cultura; Melitón Lozano Pérez, de la SEP; y Fernando Manzanilla Prieto, de Gobernación.

Aréchiga Santamaría, responsable de la negociación del aumento a la tarifa del transporte público, exhibió fallas en el diálogo con los concesionarios, ya que éstos primero se adelantaron a anunciar el nuevo costo del pasaje; los desmintió el funcionario y finalmente sí se avaló en los términos.

Después de que se aplicó el aumento, ante la inconformidad social por la medida, el gobernador Miguel Barbosa intervino directamente en el caso para otorgar el descuento para estudiantes, sólo de lunes a viernes.

Julio Glockner acaparó reflectores con el anuncio del “relanzamiento” del Museo Internacional del Barroco (MIB), motivo que usó para llevar una función de lucha libre al estacionamiento, suficiente para generar manifestaciones de inconformidad.

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Igualmente en medios de comunicación, el funcionario obtuvo críticas a favor y en contra por su programa de promover la lectura a través de perifoneo en comunidades rurales.

Mientras que Fernando Manzanilla Prieto, titular de Gobernación, pasó de coordinador de gabinete en el gobierno interino a un secretario sin atribuciones de relevancia, a partir de la reforma del gobernador Miguel Barbosa.

A la mitad de este primer tramo del gobierno, surgieron versiones de su salida de la dependencia, misma que el mandatario negó.

En un tercer bloque aparecen funcionarios que al menos ya ejecutan o presentaron programas correspondientes a sus dependencias, como Lizeth Sánchez García, de Bienestar; Abelardo Cuéllar Delgado, del Trabajo; Olivia Salomón Vibaldo, de Economía; y Mónica Díaz de Rivera Álvarez, de Igualdad Sustantiva.

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