Los recientes acontecimientos en Culiacán, Sinaloa, representan un punto de inflexión en la relación del poder del Estado con la sociedad. Más allá de la circunstancia específica de la liberación de un presunto delincuente, Ovidio Guzmán López, está una redefinición por la búsqueda de la paz en el país.

“Por encima de las leyes está la vida humana y, repito, esto no es un asunto de tipo legal o jurídico; no es asunto que tiene que ver con el derecho, es un asunto que tiene que ver con la justicia,” estableció el presidente de la República al día siguiente de ese acontecimiento.

Éste es el nuevo paradigma del gobierno de México, pero ante todo del Estado mexicano. Sin duda una transformación de lo que significaba hasta hace unos meses el uso de la fuerza como prerrogativa legal del poder constituido.

Quienes quieran ver en esta redefinición que implementa el gobierno del presidente López Obrador una cesión del poder, se quedan cortos de mira respecto a lo que la sociedad, los ciudadanos de a pie, padres de familia, amas de casa, comerciantes, estudiantes, profesores, sienten día a día por vivir en un país que se desangra en violencia.

El episodio de Culiacán y la liberación de Ovidio Guzmán López, si bien ha sido producto de una cadena de errores ya reconocidos por el propio López Obrador, es en el fondo un acto por la justicia, y no una posición abyecta ante el crimen.

“Acabamos de tomar una decisión muy difícil, pero muy humana. En el conflicto de Culiacán, Sinaloa decidimos primero la vida de los seres humanos.”

Esa es la clave en este episodio clave para el país: comenzar a darle sentido, importancia y trascendencia a la vida, y todo lo que representa, y no ver a ésta como un accesorio del que se pueda disponer arbitrariamente cuando sea necesario.

La violencia desencadena más violencia, es una dolorosa lección que nos está costando aprender.

Suena sencillo, pero la captura de un miembro del crimen organizado pudo haber reeditado un periodo negro para el país, caracterizado por asesinatos sin fin, como parte de una venganza tan insensata como aberrante.

No es retórica, pero ya lo vivimos, la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Sólo provocó que los criminales dedicados a esa actividad fueran más violentos y sanguinarios, no sólo entre ellos, sino con la población civil, los mal llamados “daños colaterales”; es decir, personas de carne y hueso, que fueron parte del luto nacional.

¿Por qué cobra significado el valor de la vida de las personas hoy más que nunca? ¿Por qué el presidente López Obrador insiste en que la decisión, difícil y compleja, de Culiacán fue para salvar más vidas?

Las respuestas: en el gobierno de la 4^aT, a la población en general no se le va a someter al mínimo riesgo. Ninguna muerte, de nadie, deberá ser producto de decisiones someras del gobierno.

“Vale muchísimo más la vida que la detención de un presunto delincuente,” reiteró Andrés Manuel López Obrador, en una de las tantas explicaciones que ha dado para deslindar cómo se actuaba antes y cómo se actúa hoy, tratándose del uso de la fuerza del Estado.

“Nos van a criticar nuestros adversarios. ¡No importa!, no somos iguales. Nosotros vamos al cambio por el camino de la concordia.”

La justicia, más que el uso de la fuerza por la fuerza, es el imperativo nacional, se acepte o no se acepte en determinados círculos de la opinión pública. Existe un clamor general por que México no sea más una fosa común. La realidad que se palpa en todo el país, y el presidente López Obrador palpa al país cada ocho días con sus recorridos por los Estados de la República, indica que la gente en general no quiere una guerra donde los muertos son de ellos.

Todas las opiniones son bienvenidas, eso fortalece el debate democrático. Sin embargo, en las circunstancias actuales hay que escuchar al pueblo, a los que habitan chancherías, ejidos, serranías, zonas urbanas o rurales, quienes anhelan un país cuyo gobierno les haga justicia, no que los coloque en la mira telescópica del crimen organizado.

* Activista social

@LaraPaola1