Iniciativa preferente, sin atractivo jurídico ni político

La propuesta del diputado Hugo Alejo Domínguez se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis.

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La armonización que se pretende para Puebla de la iniciativa preferente lleva un matiz político, que la convierte en una herramienta deslucida y hasta innecesaria.

La diferencia que se pretende para la entidad consiste en que el plazo de discusión sea hasta de 90 días, mientras que a nivel federal el debate y su correspondiente aprobación no supera los 30 días en la cámara de origen.

Otro matiz de la reciente iniciativa presentada en Comisión Permanente por parte del diputado sin partido, Hugo Alejo Domínguez, consiste en que, mientras al presidente se le permiten hasta dos propuestas, a nivel local se sugiere que sea una por cada periodo ordinario.

El proyecto consiste en la adición de dos párrafos al artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en los que se establece que el gobernador podrá enviar una iniciativa preferente al inicio de cada periodo ordinario de sesiones.

Eso implica que el mandatario tendría facultades legales para canalizar al Congreso hasta tres propuestas con esa calidad en un año.

Según consta en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los periodos ordinarios van del 15 de septiembre al 15 de diciembre, del 15 de enero al 15 de marzo y, finalmente, del 15 de mayo al 15 de julio.

En cada uno de esos momento el gobernador podría enviar una iniciativa para que los diputados la discutan de forma prioritaria.

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El contratiempo político radica en que aunque el mandatario la envíe el primer día de cada periodo, los representantes populares tendrían todo el plazo para revisarla y aprobarla.

En los hechos, la iniciativas del gobernador en turno, en la historia política reciente de Puebla, pueden ser aprobadas en menor plazo que lo dispuesta en la idea de Alejo Domínguez.

Esa propuesta del diputado sin partido carece de atractivo jurídico y político para que sea un instrumento eficaz del gobernador del estado.

Por el momento se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis, en donde aún se encuentra en trámite, aunque apenas lleva un par de semanas desde su presentación.

 

Motivos políticos

El diputado Hugo Alejo, en su iniciativa que pretende adicionar dos párrafos al artículo 63 de la Constitución estatal, sugiere que representa una oportunidad de colaboración entre ambos Poderes y no se viole la división entre los mismos.

“Desde el punto de vista del trabajo legislativo, es un espacio de prioridades dentro de la agenda legislativa para que se discutan aquellos asuntos que por su naturaleza representen prelación para el Titular del Poder Ejecutivo del Estado,” presentó.

“(…) sin que ello vulnere la división de poderes, dado que el proceso legislativo continúa de forma ordinaria”, agregó en sus motivos.

El diputado sin partido consideró que en esas condiciones no restringen y tampoco limitan las atribuciones del Congreso.

“Tampoco limita o restringe las atribuciones del Gobernador para presentar las iniciativas que considere oportunas”, agregó Alejo Domínguez en su documento, que en la real politik la exhibe como una herramienta sin ningún estímulo para el Ejecutivo.

En 2015 el Congreso local, controlado por los morenovallistas, buscó incorporar esa figura a la Constitución en la que proponían un plazo de 30 días a partir de la presentación de la iniciativa preferente por parte del gobernador, para su discusión y aprobación.

Además, en ese caso sí proponía que el titular del Ejecutivo pudiera enviar dos propuestas al inicio de cada periodo ordinario, como se establece a nivel federal.

 

Preferente, de facto

Actualmente el gobernador estatal obtiene mejores rendimientos al enviar una iniciativa al Congreso que si estuviera en funciones la llamada iniciativa preferente, en las condiciones en las que la propone Hugo Alejo.

Entre el 15 de enero y el 15 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones, el gobernador Miguel Barbosa envío 18 iniciativas de las que 83.3 por ciento fueron aprobadas.

Sólo 16.7 por ciento de esas propuestas se quedaron en revisión en diferentes comisiones del Poder Legislativo. Entre estas destaca la propuesta del Ejecutivo de eliminación del fuero constitucional de los servidores públicos.

En cuanto a las 15 iniciativas del Ejecutivo aprobadas en ese lapso, la mayor parte cumplió un proceso ágil, por ejemplo, la reforma al artículo 190 bis del Código Penal del Estado de Puebla, llevó 22 días naturales, entre su recepción en el pleno, discusión en la comisión competente y aprobación posterior en el pleno.

En 30 días naturales recibieron y aprobaron al Ejecutivo propuestas de donaciones de predios de municipios para el funcionamiento de escuelas y hasta un hospital.

Ese mismo tiempo les llevó a los diputados analizar y aprobar la propuesta del gobernador de suprimir la Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto.

En tanto, la reforma y adición a la Ley para la Protección del Ambiente sólo significó un debate de 21 días naturales.

 

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