En un lapso de 15 meses el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla concluyó la revisión de 958 expedientes por despido injustificados por parte de trabajadores en los mandatos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, equivalente a un 28.9 por ciento del total de las acciones interpuestas.

La dependencia respondió a una solicitud de información pública que por ese tanto de resoluciones erogaron 20.9 millones de pesos.

Del monto reportado por el Tribunal, 9.8 millones de pesos correspondieron a pagos de convenios con los burócratas afectados por los ceses de los gobiernos panistas que ejercieron entre 2011 y 2018.

El otro tanto, poco más de 11 millones de pesos, se destinó a la cobertura de reinstalaciones laborales en distintos centros de trabajo.

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No obstante, admitió el órgano público, quedan pendientes de resolver 2 mil 350 expedientes, es decir 71.1 por ciento del total.

El tribunal informó que en más del 90 por ciento de las dependencias gubernamentales del Poder Ejecutivo hubo trabajadores despedidos que posteriormente interpusieron una demanda por esa acción, al considerarla injustificada.

Existen juicios por ceses en Gobernación, Planeación y Finanzas, Administración, Función Pública, Trabajo, Economía, Cultura, Turismo, Desarrollo Rural, Infraestructura, Movilidad y Transporte.

También hay litigios laborales en Salud, Educación, Bienestar, Seguridad Pública, Medio Ambiente.

Incluso hay registro de acciones legales por despidos en órganos como la Comisión de Derechos Humanos, Tribunal Superior de Justicia, Instituto Electoral del Estado y Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

 

Años difíciles

Mariana, como pide identificarse una ex trabajadora del gobierno del estado que aún pelea jurídicamente su reinstalación, aseguró que desde 2015 vive momentos difíciles porque a sus 47 años de edad las condiciones para encontrar una oportunidad laboral son reducidas.

Contó que suma cinco años de dificultades, de pedir préstamos entre familiares y de recurrir a casas de empeño para obtener algo de dinero que le ayude a sobrevivir.

“Ya estoy llegando al fondo, ya no hay más que empeñar, ya no hay quien me quiera prestar más dinero porque todavía debo a los que me apoyaron, y saben que no porque no quiera pagar sino porque no tengo para pagar”.

“De vez en cuando hago trabajos independientes pero de ahí no pasa, nada formal porque ya nadie quiere contratar a una persona de más edad, buscan a los jóvenes, y ni modo ahora estoy esperando que se resuelve mi juicio”, agregó.

Ex trabajadora en la Secretaría de Infraestructura, asegura que un día le pidieron abandonara su centro laboral, sin mayor argumento, aunque afirmó que sus compañeros le aseguraron la existencia de motivos políticos para separarla de su cargo.

De ahí que recurriera al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla en donde sigue pendiente la resolución de su juicio.

“Pedí mi reinstalación porque quiero seguir ahí y jubilarme, pero así como está todo, pues si me dan dinero, si me conviene, pues puede ser otra opción, siempre que sea una cantidad que me ayude a salir adelante para poner un negocio”, expuso.

 

Cifras y más cifras

Entre 2011 y 2018, según activistas y organizaciones sociales, tanto Rafael Moreno Valle como Antonio Gali Fayad, los panistas despidieron a más de 25 mil personas de manera injustificada.

Sin embargo del total reportado extraoficialmente, solo un equivalente al 13 por ciento registró un litigio para recibir una indemnización, su reinstalación o en su caso llegar a un convenio entre partes.

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Javier, otro ex trabajador, pero que en este caso ya recibió su indemnización, sostuvo que sí son ciertos los datos sobre miles de despedidos durante la época del morenovallismo y el galicismo.

“Muchos trabajadores ya no pudieron presentar un juicio laboral, otros no tuvieron ni dinero para eso, a unos más los convencieron de desistirse a cambio de darles trabajo en otras dependencias y así los trajeron hasta que los dejaron sin condiciones de denunciar”, afirmó.

“También hay que decir que algunos prefirieron hacer se a un lado porque encontraron trabajo en una empresa y no quisieron pelear más, pero sí diría que fueron miles; no sé a qué se deba que finalmente no haya todos esos expedientes, pero sí pasó”, dijo.

 

 

Olvido legislativo

Al inicio de la actual legislatura, un grupo de trabajadores despedidos por los morenovallistas pidieron a los integrantes del Congreso local su intervención para que fueran reinstalados más de 550 ex burócratas en sus puestos.

No obstante, desde septiembre de 2018 a la fecha, no hay registro de ninguna intermediación de parte de los diputados, de ningún partido político, a favor de estas personas.

Gabriel Biestro, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, aseguró en aquel momento que las acciones emprendidas por Moreno Valle y Gali, causaron afectaciones de salud, emocionales y económicas a miles de familias por los despidos.

Los ex trabajadores aún esperan el respaldo de los legisladores locales para que se resuelva su situación.