Transportistas desafían modernidad; preparan plan de evasión

Los concesionarios aseguran que el aumento de 2.50 pesos a la tarifa del servicio fue insuficiente para cumplir con las adecuaciones

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A horas de que venza el plazo para el mejoramiento de unidades, concesionarios del transporte público desafiaron al gobierno de Miguel Barbosa Huerta y pusieron en entredicho la operación de la Secretaría de Movilidad y Transportes (SCT).

Un grupo de permisionarios compartió con El Popular, diario imparcial de Puebla que sólo 3 de cada 10 vehículos saldrán a circulación con las medidas acordadas como condición para aprobar el aumento a la tarifa del servicio, que pasó de 6 a 8.50 pesos.

El argumento al que recurren para justificar el incumplimiento se sustenta en que el alza resultó insuficiente para cubrir los gastos de las adecuaciones.

Ahora, dicen, quedaron cortos en las cuentas para la adquisición de tecnología que funcione de forma eficaz —al referirse a la instalación de los botones de pánico y cámaras de video en el interior de las unidades—.

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El grupo de concesionarios solicitó la reserva de sus nombres y las rutas en las que poseen vehículos, después de que expusieron la estrategia a implementar a partir del día 13 de febrero.

“No es la primera vez que decimos claramente que no alcanzó el aumento para hacer todo lo que nos pedían; que los botones, las cámaras, llantas nuevas, porque si están lisas no sirven, de plano no alcanzó,” dijo “Daniel”.

“Lo mejor para todos es que nos den una prórroga, y así no tenemos ningún tipo de problema ni pleito, así lo resolveríamos muy bien; pero si el gobierno no quiere, vamos a tener que aventarnos y nada más evitar a los supervisores de la Secretaría (de Movilidad y Transporte),” agregó.

El plan, indicaron, consiste en que concluido el plazo para el mejoramiento de las unidades, saldrán como todos los días por pasaje, y si uno es detenido para revisión, darán el pitazo a otros para alertar por dónde se ubican los operativos de inspección.

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“Se van a poner muy difíciles, van a enviar a la calle a todos los supervisores; pero tampoco son muchos, no van a poder abarcar toda la ciudad ni todas partes, así que van a tener que trabajar zonas o rutas, y así nos iremos avisando para evitarlos,” mencionó otro concesionario, identificado como “Miguel” para efectos de esta publicación.


Los poseedores de las concesiones admitieron que una acción evasiva de esa naturaleza representa un desafío al gobierno del estado.

Entendieron que no cumplir con los acuerdos los pone en condiciones de desventaja, pero consideraron que están dispuestos a enfrentar a la autoridad y burlarla cuando sea necesario.

“¿Cuántos supervisores pueden enviar, 50 o 100?, ¿cuántos retenes van a colocar para eso? No les alcanza para detener a todas las unidades que no han hecho los cambios. Es imposible pensar que van a poder con todos, así que si no dan prórroga, pues así los vamos a enfrentar,” expuso “Miguel”.

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Admitieron que hay otros grupos, de mayor poder económico, que apuestan a los amparos para enfrentar a la autoridad, pero no se ven como aliados.


Otros, dijeron, ya cumplieron —pero son los menos—, o bien quieren hacerlo bajo las condiciones de una prórroga.

Este grupo de concesionarios particularmente cuenta con 35 unidades, por lo que se catalogaron como “pequeños inversionistas”.

Prórroga o colapso

Para los concesionarios si el gobierno no otorga una prórroga oficial, legal, para el mejoramiento de los vehículos, la opción es que ofrezca una de facto.

“Ni siquiera tiene que decirnos que sí nos dan la prórroga, sólo que no hagan los operativos con los que andan amenazando y listo; con eso nos damos por enterados de que sí hay una prórroga por debajo del agua,” manifestó uno de los permisionarios consultados.

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“Si el tema es no quedar mal con la gente, pues que sigan con eso de que nos van a sancionar, pero en realidad nos dejan trabajar y entonces poco a poco vamos haciendo lo de los botones de pánico y las cámaras y todas esas cosas,” añadió.

En caso contrario, aseguraron, si el gobierno no responde con una acción como la referida, desembocaría en un colapso.


No ven un escenario en el que la autoridad comience a detenerlos y proceda a la cancelación de las concesiones.

Incluso, dijeron, de ocurrir así, en un corto plazo resultaría afectado el servicio y las consecuencias las pagarían los usuarios. Admitieron que sí los dañaría, porque para muchos una concesión es su fuente de ingresos; pero también reiteraron que un operativo para detener unidades de forma masiva sería un error, en detrimento de la movilidad de los usuarios.

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Impacto político

El impacto de mayor alcance en términos políticos, aseguraron, es el que deberá asumir el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga Santamaría, en cualquier escenario que ocurra.

Los concesionarios explicaron que el funcionario busca resolver este asunto sin que la imagen del gobernador quede en entredicho, por lo que en un momento se haría responsable de la operación, pero mencionaron que él tampoco quiere quedarse con toda la culpa si resulta mal para el gobierno.

Para los transportistas, la autoridad sólo quiere que su gremio tenga el 100 por ciento de responsabilidad cuando, insistieron, no hubo condiciones para adecuar los vehículos.

No obstante, confiaron en que durante las horas previas a que venza el plazo, exista apertura de parte de la administración estatal y construyan una salida que calificaron como “adecuada” para todas las partes.

El acuerdo…

En octubre, el gobierno de Miguel Barbosa y los concesionarios del transporte público firmaron un acuerdo que ahora no quieren cumplir, o aseguran que sí, pero ven tiempo insuficiente, por la inversión que representa —según sus cuentas—.

Acuerdo 1

Los concesionarios se obligan a cumplir la Ley del Transporte.

Acuerdo 2

Se comprometen a colocar un sistema de posicionamiento global GPS, cámaras de videovigilancia y botones de pánico en sus unidades.


Acuerdo 3

La Secretaría de Movilidad verificará que sean vinculados a sistemas de seguridad pública de la entidad.

Acuerdo 4


En 120 días, la Secretaría realizará revista para corroborar el cumplimiento de estos acuerdos.

Acuerdo 5

Choferes deberán contar con licencia actualizada, que obtendrán con una carta de no antecedentes penales.


Acuerdo 6

Exhibir capacitaciones y certificaciones para erradicar violencia contra las mujeres, no discriminación, atención al usuario, seguridad vial y empatía social.

Acuerdo 7

La dependencia prometió construir una base de datos de los operadores del transporte.

Acuerdo 8

Modernización de las unidades, según el artículo 70 de la Ley del Transporte.


Acuerdo 9

Ofrece la Secretaría a terminar con la invasión de derroteros.

Acuerdo 10

Combate a la corrupción en materia de transporte público.


Fotos de Karen Rojas y Agencia Enfoque


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