No es de ahora que las políticas urbanas y regionales se encuentren en la parte baja de la ola del desarrollo; de hecho, este subir y bajar entre ellas muestra un comportamiento cíclico. No atípico.

Desde mediados del gobierno de Díaz Ordaz las políticas regionales empezaron a tomar seriedad. Los estudios de diagnóstico de los estados, financiados por el Banco de Comercio, fueron excelentes referentes de inversión regional, muy fuera de la órbita inmediata de la gran Ciudad de México.

Las regiones eran los estados de la federación bajo la óptica de la segunda fase del Desarrollo Estabilizador yal respecto se generó una comisión regional muy lúcida, por cierto, que duró más de una década. La presidencia de Echevarría vigorizó la comisión y también derivó en el surgimiento estudios de posgrado al respecto. Aparte de México (CIDE y Colegio de México), en las ciudades de Jalapa, en los setenta, y Oaxaca, desde los ochenta. Hasta entonces, los análisis urbanos iban a la zaga de los regionales.

La política de López Portillo ajustó el enfoque urbano, aprovechando los efectos provenientes de la Ley General de Asentamientos Humanos, manifiestos en las postrimerías del régimen anterior.

Leyes, planes y programas por todo y para todo. La joya de la corona: la Reforma Política. Luego entonces ocurrió que, ante un régimen en crisis de obsolescencia y quebrado en sus finanzas públicas, el naciente gobierno de Miguel de la Madrid ofreció dos presuntas nuevas joyas. La reforma municipal y la ley de planeación, con que la administración pública se racionalizaba en puntos claves.

Ante la crisis, las políticas urbanas pasaron discursivamente a un segundo y luego tercer plano. A fines del siglo, las regionales retornaron con el Nuevo Federalismo en que se trataba de resarcir en algo el vacío institucional generado por el régimen anterior en relación directa de la presidencia con los municipios, dejando al margen a los estados (lo que en Puebla en parte frenó la Ley Bartlett).

Todo aquello quedó plasmado en una multitud de planes y programas que apuntaban los buenos deseos de los gobiernos bisoños; los documentos- artefactos, más ideológicos que operativos, quedaron como testimonios monumentales de la ineficiencia planificadora. Todo requería planes, pero muy pocos planes funcionaban. ¿Por qué? Tal vez porque la ley obligaba a hacerlos, pero no a darles seguimiento final, eso ocurrió hasta la Ley de Transparencia, tal vez porque el plan era un discurso legitimador de lo existente y por venir.

En aquél mismo periodo ocurrían en el mundo las más inusitadas revoluciones: la tecnológica, la urbana en su modalidad dominante metropolitana, la demográfica marcada con el envejecimiento de la población, el empoderamiento femenil, la transición democrática. Todo además en el paquete envuelto de la globalización.

En lo que va del siglo, hasta el 2018 para ser preciso, las políticas regionales y urbanas convergieron en la cresta de la ola: la metropolización del territorio. Así que dejaron de llamarse políticas regionales o urbanas por un tiempo y se llamaron políticas territoriales o metropolitanas, alineadas en parte con los compromisos internacionales con la sustentabilidad del medio ambiente; o quizá porque el término en vez de ser más concreto parecía más abstracto y más a modo para la manipulación política. ¿Y que ocurre en 2018? Que la coyuntura está de lado de quienes desde siempre han sostenido que regiones y ciudades son cristalizaciones del proceso social.

Que las grandes ciudades son expresiones de desigualdad social y que hay que empezar por reconstruir el tejido social….¡Muy bien!….entonces a levantarse porque el tiempo en política es recurso escaso.

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