Regularmente se suele calificar a un partido político de manera positiva cuando gana elecciones, y de manera negativa cuando pierde elecciones; cuando los gobiernos emanados de ese partido no responden a las exigencias ciudadanas en la implementación de las políticas públicas; o cuando algún integrante del Congreso o de cualquier orden de gobierno comete una falta administrativa y hasta personal que es conocida públicamente.

En los primeros dos casos, es el partido político el que tiene la responsabilidad, porque su función primaria es ganar elecciones; y la segunda, que una vez en el gobierno o en el Congreso, se actualice su plataforma electoral en la promoción de las reformas constitucionales y de la legislación secundaria necesarias para darle perfil a su actuación, así como en el ejercicio del gobierno, al instrumentar las políticas públicas y decisiones que, en teoría, deben beneficiar a la sociedad que se gobierna.

En el tercero de los casos, es decir, cuando un legislador o funcionario público incorporado a las funciones legislativas o de gobierno comete durante su ejercicio una falta política o administrativa que en el mismo momento pueda tener consecuencias políticas, o en el futuro pueda tener consecuencias legales, y culpar o asignar responsabilidad al partido que gobierna o en el que milita el señalado.

El tercer caso se actualiza en estos días con la acusación del gobierno de los Estados Unidos contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, denunciado y señalado por sus nexos con el crimen organizado, especialmente con el Cártel de Sinaloa, y que permitió al gobierno norteamericano acusarlo de cuatro cargos graves que culminaron con su detención en el estado de Texas.

Esta detención provocó una serie de señalamientos que afectan no sólo a los presidentes Fox, Calderón y Peña Nieto, sino que también afectan al Partido Acción Nacional por esos doce años de gobierno (Fox y Calderón) en los que Genaro García Luna fue funcionario gubernamental. Y, por otra parte, hasta el momento no he escuchado señalamientos contra el Partido Revolucionario Institucional, del que es militante el expresidente Peña Nieto.

Las acusaciones más graves son contra el expresidente Calderón, al afirmar varios actores que era de su conocimiento la actuación del detenido, aunque él mismo, en un Twitter afirmara que “desconocía por completo los hechos que se le imputan y que de ser ciertos, habría fallado a la confianza depositada”.

Mi opinión es que el Partido Acción Nacional no tiene responsabilidad por tres razones: la primera, porque Felipe Calderón nunca sometió a la consideración de la dirigencia del PAN el nombramiento de sus colaboradores, incluido por supuesto el del secretario de Seguridad Pública; la segunda, porque no se recuerda reunión alguna en la que el entonces presidente Calderón le haya consultado al partido si compartían o no la estrategia en materia de seguridad pública y combate al crimen organizado; y la tercera, porque Genaro García Luna nunca ha sido militante del Partido Acción Nacional.

Pero, también hay que decirlo, el PAN sí tiene responsabilidad por no haber presentado, en su momento, una posición firme sobre el estilo de gobernar de Fox y de Calderón, incluidas sus decisiones tomadas para el ejercicio gubernamental, incluida, por supuesto, la designación de sus secretarios y funcionarios de primer nivel.

En fin, esperemos que sea la justicia la que se imponga en éste y en otros casos, tanto en Estados Unidos como en nuestro país, porque la sentencia, en caso de encontrarse culpable, deberá venir de un juez, no de los actores políticos, las redes sociales o los medios de comunicación.

* Politólogo y maestro en Negociación y Resolución de Conflictos por la Universidad Carlos III de Madrid, España