Una de las alternativas que nuestro país se ha dado desde 2011 para fortalecer la democracia y la gobernanza, es la adopción del esquema llamado Gobierno Abierto, cuya columna vertebral es la colaboración entre gobierno y sociedad.

Juntos, jerarquizan los problemas de resolución más apremiante y establecen formas de colaboración para resolverlos, lo que al final se plasma en un documento denominado Plan de Acción. Esta semana se ha presentado el Cuarto Plan, luego de más de dos años de que había ocurrido la ruptura de diálogo entre organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el Poder Ejecutivo Federal.

La causa de la ruptura del diálogo, en mayo de 2017, vergonzosa por donde se le vea, fue que la administración del expresidente Enrique Peña Nieto espió a los integrantes de las OSC y a varios periodistas por medio de la instalación del software Pegasus, lo que hasta la fecha no ha tenido castigo alguno, pese a la que Fiscalía General de la República (FGR) tiene pleno conocimiento del asunto.

De hecho, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, el día de la presentación del Cuarto Plan de Acción, recordó que ese órgano garante hizo llegar a la FGR los resultados de una investigación al respecto, e “hizo señalamientos técnicos y aclaraciones específicas a ese proceder indebido”, según se recordó en un comunicado el 10 de diciembre de 2019 (https://bit.ly/35hx6lv).

No hay que olvidar que en los tres primeros Planes de Acción de Gobierno Abierto hubo imposturas injustificables, ya que se construyeron indicadores para presumir resultados incompletos, o falsos en el peor de los casos. Empero, también hubo logros interesantes, que serán motivo de un análisis posterior en este mismo espacio.

Ahora, en marzo de este año, se retomó el diálogo entre las OSC, el gobierno federal y el INAI para construir el Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto, que a decir de sus participantes, implicó una consulta de más de mil 100 participantes. Al final, cruzando lo anterior con el Plan Nacional de Desarrollo, se delimitaron tres ejes:

1. Justicia y cumplimiento de las leyes;

2. Bienestar para todas las personas; y

3. Desarrollo económico para México.

Producto de la consulta, se seleccionaron seis temas:

1. Eliminar la corrupción y falta de consecuencias a quien la comete;

2. Lograr la paz y seguridad pública;

3. Educación de todos los niveles para todas las personas;

4. Tener servicios de salud para todas las personas;

5. Más y mejores oportunidades de empleo; y

6. Apoyar al desarrollo rural.

Tras todo lo anterior, se adoptaron los siguientes compromisos, que deberán cumplirse a más tardar el 31 de agosto de 2021:

1) Gasto abierto y responsable en programas sociales; 2) Incidencia ciudadana para el desarrollo rural sustentable; 3) Información transparente y de calidad para garantizar el derecho a la educación; 4) Derechos sexuales y reproductivos para las y los jóvenes; 5) Transparencia para fomentar la inclusión laboral; 6) Plataforma única y abierta de información de seguridad pública; 7) Controles democráticos a la intervención de comunicaciones privadas; 8) Fortalecer los servicios públicos de cuidados; 9) Transparencia para el monitoreo y vigilancia de los fideicomisos; 10) Fortalecimiento de la transparencia sobre la gestión de bosques, agua y pesca; 11) Hacia la divulgación de beneficiarios finales; 12) Transparencia del flujo y control de armas; y 13) Estrategia subnacional de gobierno abierto.

El reto monumental es cumplir los 13 compromisos, y en entidades como Puebla se debe aterrizar forzosamente el último, que implica a los estados y municipios. Puebla tiene pésimos antecedentes en la materia (https://bit.ly/2Pe9kRE). En entregas posteriores detallaré todo lo que implica esta larga lista, que abarca los problemas que más le duelen al México del agonizante 2019.

Si quiere conocer más del tema, le invito a consultar el documento “La Alianza para el Gobierno Abierto, una visión desde la sociedad civil” en https://bit.ly/2RMZqbj.

El Plan de Acción de Gobierno Abierto completo está disponible en https://bit.ly/2RTfrNf.

Otros datos

Teniendo como testigo a la comisionada del INAI Patricia Kurczyn y a los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla, esta semana el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Puebla (Itaip), firmó con sus pares de Veracruz, Durango y Michoacán un convenio para intercambiar información y personal para funcionar mejor. Ojalá que al Itaip le muestren cómo capacitar a los ayuntamientos para que cumplan sus obligaciones de transparencia. En Puebla , el 93 por ciento está en incumplimiento (https://bit.ly/2qQX2FE).

@JorgeMachucaL