Sin duda, nuestra economía está más allá de una recesión. Este inicio de semana se dio a conocer que noviembre registró la menor inflación desde 2016, 2.97 por ciento; y el crecimiento de la economía en el último trimestre de este 2019 será del cero por ciento, según los registros de las calificadoras financieras y el Banco de México.

El tema es sencillo: ante la incertidumbre y el bajo ejercicio presupuestal del Gobierno Federal, que ya ha contagiado a los gobiernos estatales y municipales, no hay liquidez en la economía, lo que se traduce en bajo gasto y baja inflación, al existir un muy bajo consumo.

Queda claro que nuestra economía está inmersa en una recesión mundial, México no es ni podría ser la excepción; sin embargo, la incertidumbre nos ha llevado más rápido a una situación extrema, que se predice no cambiará al menos hasta 2022. Serán tres años de abrocharse el cinturón y no confiar en el crédito, ya que lo que vivimos puede incluso ser peor que una crisis financiera.

Hay quienes aseguran ahora que, hubiese ganado quien hubiese ganado la pasada elección presidencial, la situación no cambiaría mucho; si acaso la inversión del Naicm, que se canceló a finales del año pasado, daría algo de actividad a sectores de la construcción y abasto de materiales, pero en términos generales estaríamos igual, en un escenario similar al que se vive en otros países de la región.

Tómelo con atención. En la Cuarta Transformación no todo es recorte y ahorro; esta semana y tras una consulta pública, se dio a conocer que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público gasta en este último trimestre del año poco más de tres millones de pesos en alimentos para cuatro de sus unidades: la Oficina del secretario, la Oficialía Mayor, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Dirección General de Impresión de Estampillas y Valores. Entre los alimentos también figura la requisición de vino blanco para acompañar los alimentos.

Otra de las áreas fifís que agasaja a sus funcionarios con alimentos selectos, es la Casa de Moneda, que para la fábrica de las mismas, ubicada en San Luis Potosí, celebró una licitación por invitación por un monto de 3.6 mdp para la adquisición de alimentos.

Así, la transparencia deja al descubierto que no todo son recortes y austeridad en el Gobierno Federal, y que como en otras administraciones, las áreas hacendarias siguen siendo privilegiadas para funcionarios que disfrutan de comedores privados en sus oficinas.

Tómelo con interés. Si bien el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha cumplido su objetivo de reducir en más del 70 por ciento el presupuesto, de alrededor de 9 mil millones de pesos, que se ejerció en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto por el vocero Eduardo Sánchez, el subsecretario Andrés Chao y sus secuaces; lo que no ha cambiado es la discrecionalidad con la que ahora, desde Palacio Nacional, se asignan los cerca de 3 mmdp que se destinan en campañas institucionales a medios afines al gobierno en turno.

Uno de los grandes pendientes por los que periodistas y comunicadores hemos luchado por más de una década, es la legislación en materia de equidad publicitaria; un marco legal que con base en las audiencias y los impactos que cada medio alcance, permita que todos los medios de comunicación tengan la posibilidad de acceder a campañas de publicidad gubernamental, lo que en realidad permitiría, como en países europeos o Canadá, consolidar el papel fundamental que en toda democracia deben jugar los medios de comunicación.

En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación demandó al Poder Legislativo se emitiera un marco legal adecuado para cumplir con la equidad publicitaria en los tres niveles de gobierno, lo que en un principio parecía impulsar Jesús Ramírez desde el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, al arribo a Palacio Nacional, el tema de la publicidad oficial ha sido manoseado por la Oficina de la Presidencia, a cargo de Alfonso Romo; la Consejeria Jurídica de la Presidencia, a cargo de Julio Scherer; y por el propio Jesús Ramírez, lo que ha llevado a la administración al viejo vicio de usar los recursos públicos y las campañas de difusión como una herramienta que premia o sanciona a los medios de comunicación; una vez más a los afines al gobierno se les asignan varios millones de pesos, mientras al resto de los medios se les bloquea para que no reciban recursos públicos. Un artero ataque a la Libertad de Expresión y al Derecho a la Información consagrados en nuestra Constitución Política.

* Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

Socio fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo

Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión

Facebook: Fernando Antonio Mora

@Fernando_MoraG