Pese a su importancia, estoy seguro que para la mayor parte de la ciudadanía poblana pasó desapercibido el segundo (igual que el anterior) informe del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla (SEAP). Lo rindió Catalina Aguilar Oropeza, quien hasta el 13 de noviembre fue la presidente del Comité Coordinador del Sistema, en donde están incluidos los titulares de la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría estatal de la Función Pública, la Auditoría Superior del Estado (ASE), el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), el Instituto de Transparencia, del Tribunal Superior de Justicia y el Comité de Participación Ciudadana (CPC), de donde provino Aguilar Oropeza.

Por ley, son los ciudadanos los que deben presidir el sistema. Además del poblano, hay cerca de 30 Sistemas Anticorrupción que operan en el país, unos con más éxito que otros.

Retomando alguna de las alegorías de las conferencias matutinas que acostumbra el presidente de México, el SEAP parece un voluminoso elefante que apenas ha comenzado a moverse, pero sus patas no marchan al mismo tiempo y en la misma dirección, aunque públicamente se diga lo contrario; o peor, no se diga nada. Por lo mismo, ese paquidermo ha ido a parar al piso varias veces.

El SEAP es casi nuevo, pero no así todas las instituciones que lo integran tanto en Puebla como a nivel nacional. En el caso local, las de más reciente aparición son la Fiscalía Anticorrupción --dependiente de la General del Estado--, el TJA y el CPC. Las demás ya existían y trabajaban por separado, y el problema de fondo es hacerlas trabajar en conjunto, porque no estaban acostumbradas ni capacitadas para hacerlo.

Parte de sus muy magros resultados al parecer provienen de esa traba; en realidad el aceite que puede mover sus engranes con rapidez se llama voluntad política, ya que en la ley del SEAP no hay definiciones específicas para lograr la coordinación para el combate a la corrupción.

Para su desgracia, algunos de los integrantes originales del SEAP tenían y tienen nexos con los grupos políticos del extinto Rafael Moreno Valle y de Antonio Gali. David Villanueva, que encabezaba la ASE; y Karen Berlanga, que presidió el CPC, son los ejemplos más notables.

De hecho, creo que Berlanga es la que más daño le hizo al SEAP con su presencia y su salida, ya que, independientemente de su actuación en el Sistema, a mediados de 2018 admitió públicamente que no golpearía a las instituciones públicas, ya que podría “cerrarse puertas” y perder presupuesto para el SEA.

Ella trabajó para Moreno Valle y Gali. Después acabó siendo la contralora del gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido, e inexplicablemente, pese a sus nexos con el grupo político defenestrado por Morena de Casa Puebla, fue ratificada como secretaria de la Función Pública, donde la abogada especialista en seguridad pública duró poco, para ser enviada por el gobernador Miguel Barbosa al Issstep en septiembre. En su momento, sólo la Amedi Puebla y el Nodo de Transparencia criticaron su sumisión (https://bit.ly/2NMwYUO).

Un año después, la sucesora de Berlanga, Catalina Aguilar, confirmó que “en Puebla existe la normalización del fenómeno de la corrupción y una alta impunidad social, ante los hechos corruptos tenemos un amplio margen de aceptación y tolerancia”. Sic. Nada nuevo, sólo que el elefante sigue vivo.

Quizá lo poco destacable es que el SEAP anunció que “se desarrollaron herramientas necesarias y precisas para comprender el fenómeno de la corrupción y contenerlo, lo cual se realizó con tres acciones: la primera es una armonización de la propuesta de política estatal anticorrupción; la segunda, el fortalecimiento institucional y gobernanza; y la tercera, una ciudadanía informada” (https://bit.ly/2q5mWVR). Sic.

Ahora Daniel Valdés Amaro es la nueva cabeza del CPC en Puebla y del SEAP. Ojalá logre negociar con rapidez e inteligencia para mover al elefante.

El informe del SEAP está disponible en https://bit.ly/2Or1XVF, para que usted norme su criterio.

Otros datos

En la sede del INAI, durante la Semana Nacional de Transparencia, José Octavio López Presa, quien encabeza el Sistema Nacional Anticorrupción, anunció este 14 de noviembre que junto con grupos y colegios de profesionistas, así como con el Consejo de la Comunicación, en breve pondrán en marcha una campaña llamada “México Ético”, que buscará mitigar la corrupción no sólo en los servidores públicos, sino en la iniciativa privada y la ciudadanía de a pie.

Aventuró que pronto en el país contaremos con tecnología suficiente para que todas las oficinas de gobierno, al hacer documentos, automáticamente generen una versión pública de los mismos, que de inmediato se subirán a los portales de transparencia en internet. “No estamos lejos de eso” (https://bit.ly/2NRl8sF). Veremos y diremos.

La frase

“La democracia muere en la oscuridad”. The Washington Post, febrero de 2019 (https://wapo.st/2Ofe2Nf). 

@JorgeMachucaL