Especial | Las presuntas violaciones son al derecho a la seguridad jurídica, el trato digno, la educación y la protección de la salud Concentran cinco municipios quejas ante la CDH
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Las violaciones a derechos más comunes están relacionadas con la seguridad jurídica, y las más preocupantes son por violación al derecho a la vida
Puebla, Huauchinango, Tehuacán, Tepexi de Rodríguez e Izúcar concentran 23 por ciento de las quejas interpuestas ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH). Así lo refiere el acumulado de quejas recibidas al mes de septiembre de 2019 por el órgano autónomo; tan sólo en la capital fueron identificadas más de 80 autoridades responsables de haber vulnerado al menos un derecho humano.
Las violaciones más comunes se registraron bajo las categorías de derecho a la seguridad jurídica, derecho al trato digno y derecho a la integridad y seguridad personal. En todo 2018, los municipios con más quejas habían sido Puebla, Tehuacán, Teziutlán, Huauchinango y San Pedro Cholula, siendo la seguridad jurídica el principal derecho vulnerado.
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En riesgo, el derecho a la vida
Para la Comisión de Derechos Humanos resultan particularmente preocupantes las quejas por violación al derecho a la vida —al menos una decena en lo que va del año—, en la que se identifican como autoridades responsables a instituciones estatales, pero también a los ayuntamientos de Zacapoaxtla, Huauchinango, San Salvador el Seco, Atlixco, Tecamachalco, Nicolás Bravo, Tehuacán y Puebla.
En los días recientes, la CDH tuvo que emitir dos recomendaciones por violación a los derechos humanos: a la vida y la seguridad jurídica en la Recomendación 14/2019 hacia el presidente municipal de Altepexi; y a la vida en la Recomendación 15/2019 hacia el presidente municipal de Huauchinango.
En ambos casos, las personas que habían sido privadas de la libertad y que estaban a su cargo, fueron encontradas sin vida. En el caso de Altepexi, la víctima fue detenida e ingresada a una celda, sin ser puesta a disposición de un juez calificador o agente del Ministerio Público.
En el caso de Huauchinango, la víctima se encontraba en el Centro de Reinserción Social cuando murió por asfixia mecánica por ahorcamiento.
En el mes de octubre se emitieron dos recomendaciones más por violación al derecho a la vida, hacia los presidentes municipales de San José Acateno y San Gabriel Chilac.
“La autoridad no nos acreditó en estos casos haber hecho vigilancia de las personas detenidas. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa es que estos municipios no tienen la capacidad para darles la certeza a las personas privadas de libertad y sus familias sobre su seguridad,” dijo en entrevista el encargado de despacho de la CDH, Omar Martínez Báez.
Si bien reconoció que la investigación ministerial no es de su competencia, comentó que en algunos casos podría hablarse más bien de homicidio y no de suicidio; en cualquiera de los supuestos, los municipios no están garantizando el derecho a la vida, por su falta de protocolos y vigilancia adecuados.
El Triángulo Rojo, foco de atención
Se observan también una veintena de casos que se concentran en los municipios del llamado Triángulo Rojo: Palmar de Bravo, Quecholac, Tecamachalco y Tepeaca. Sin detallar el motivo de la queja, el anexo estadístico de la CDH menciona que se trata de presuntas violaciones al derecho a la seguridad jurídica, el trato digno, la educación y la protección de la salud.
