Ayotzinapa, esperanza por la Justicia nacional o trasnacional

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Invitado


Noviembre 03, 2019

POR: JULIANA VIVAR VERA* FERNANDA MICHELLE HERNÁNDEZ GUEVARA** EDUARDO PALOMINO LÓPEZ*** 

El pasado 23 de octubre, la Comisión Nacional de Búsqueda inició los trabajos de la primera etapa para la elaboración del Programa Nacional de Búsqueda establecido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

A casi dos años de la publicación de la citada Ley, se está materializando lo ahí indicado., Y es que México registra más de 40 mil casos de desaparición, y al menos 26 mil cuerpos sin identificar. La falta de sensibilidad y voluntad política han permitido que la impunidad por la incapacidad técnica, sea una realidad. Es por ello que se anunció la creación de un grupo de Élite autónomo de la Fiscalía General, que quedará conformado para el próximo año con 200 elementos para el acompañamiento de los trabajos de búsqueda de los colectivos y familias. El presupuesto destinado para el siguiente año para este efecto asciende a 620 millones de pesos.

El caso paradigmático de los normalistas ocurrido el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero es la muestra de la falta de empatía con los familiares; es una confesión de culpabilidad anticipada del Estado mexicano.

El Programa Nacional de Búsqueda es de aplicación general para los casos de desaparición, incluyendo el de los 43 desaparecidos de Iguala, como una de las responsabilidades que accionarán de manera precisa los trabajos de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa, creada por decreto el 14 de diciembre del pasado año, conformada por distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, representantes de las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos y representantes.

Entre estos incipientes trabajos y formalidades, el avance real no es alentador para los familiares, cuando procesalmente, no se observa actividad de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso, en especial ante la liberación de las ya 77 personas puestas en libertad de las 142 que habían sido detenidas debido a supuestas fallas en la investigación y hechos de tortura; así también, cuando la Comisión para la Verdad y la Justicia para el caso anuncia que iniciará de cero la investigación, pero tomando como base las líneas de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), además de otras 15 que han sido abiertas.

Es por ello que Eduardo Palomino opina que esta Comisión para la Verdad y la Justicia no es una instancia diferente a aquellas del pasado, ni se trata de una nueva estrategia o un intento de agotar todas las posibilidades estatales para proveer justicia a las víctimas.

Fernanda Michelle reflexiona que posterga un resultado inevitable y ya previamente brindado por la Procuraduría del gobierno anterior, por lo que no se justifica de manera jurídica una nueva investigación, que sólo acabaría en una “nueva verdad” que lamentablemente no busca ser legítima, sino sólo cumplir una promesa de campaña. Es sólo un compromiso político.

Fernanda apunta que a pesar de la desconfianza por la investigación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sabemos que La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el Informe Final del Plan de trabajo de su Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, que buscó esclarecer el paradero de los estudiantes desaparecidos.

Asimismo, el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) elaboró 5 cuestionarios dirigidos al Estado mexicano y respondidos oportunamente, en los que indagó sobre el avance de la investigación respecto de los temas priorizados por las partes que integran la medida cautelar, y que fueron contenidos en un cronograma de trabajo.

Por ello, Fernanda concluye que todos estos esfuerzos por esclarecer los hechos fueron realizados anteriormente, y aunque llegaban dos años tarde, la ayuda brindada por el MESA de la CIDH, ha impulsado la legitimidad e imparcialidad del mismo. Por eso hace énfasis en que no se debería rebuscar en lo mismo, porque lo cierto es que mientras más pase el tiempo, más lejos se está de la verdad.

Eduardo reflexiona que la atención de las instituciones son las víctimas, y son quienes deberían ser ya el caso de procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que han pasado 5 años de estos hechos sin que la Comisión Interamericana demande al Estado mexicano, el cual actualmente está trabajando con un organismo diferente que no crea una nueva estrategia, como sí lo haría una sentencia de la Corte Interamericana, al evidenciar la reincidencia del delito de desaparición, y comprometería a la nueva administración gubernamental, incluso respecto de la masacre de 1968 de Tlatelolco, donde estudiantes universitarios fueron víctimas de violencia por parte del Estado.

Ayotzinapa es la voz silenciada de Tlatelolco. Por ello, el caso demostraría que México es responsable, que los sexenios son irrelevantes para la protección de los derechos fundamentales, y que esa protección no es ninguna forma de capital político. Al final del día, si durante el PRI desaparecieron, durante Morena llegaron a la Corte.

El objetivo general de la Comisión Nacional de Búsqueda es realizar la búsqueda en vida de las personas, una esperanza alentadora o cruel. El objetivo de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa, es dar respuesta a los familiares sobre el paradero de sus hijos. Esta opción gubernamental será la que otorgue justicia; o será la sentencia de la Corte Interamericana, ya, la única opción.

 

* Juliana Vivar Vera. Profesora de Derecho. Tecnológico de Monterrey, Puebla

** Fernanda Michelle Hernández Guevara. Estudiante de la Licenciatura en Derecho. Tecnológico de Monterrey

*** Eduardo Palomino López. Estudiante de la Licenciatura en Derecho. Tecnológico de Monterrey 

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