En un episodio que quedará en la historia como uno de los más lamentables, penosos e indolentes en materia de protección de datos personales y seguridad nacional, este 31 de octubre de 2019 el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, junto al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, puso en la picota al encargado del fallido operativo realizado en Culiacán el pasado 17 de octubre para capturar a Ovidio Guzmán.

Al revelar la identidad del mando militar, que por obvias razones no repetiré —aunque no sirva de mucho—, no sólo corren peligro su vida y la de su familia, sino las de buena parte de los integrantes del llamado Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN), mismo que también por obvias razones se mantenía reservado, y que ahora se sabe desde 1995 rastrea a diversas bandas criminales para desarticularlas y detener a sus integrantes.

Está conformado por 540 personas —190 en el área de inteligencia y 350 en intervención—; ha logrado la detención de 663 criminales, de los cuales 18 se les ha considerado relevantes. Iban desde hace meses por Ovidio Guzmán López.

Entre los capos que el GAIN ha detenido, figuran Eleno Madrigal “El 20” y Adrián Alonso Guerrero “El 8”, ambos del Cártel de Jalisco Nueva Generación, así como Santiago Mazari “El Carrete”, cabecilla de “Los Rojos”, a quien se le relaciona con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre otros episodios funestos y no menos cruentos.

Estas dos revelaciones delicadísimas, la del nombre del coronel a cargo del fallido operativo para capturar al hijo de El Chapo Guzmán; y el de la existencia del GAIN, atentan evidentemente contra las estrategias de combate a la delincuencia organizada y de la seguridad nacional. De hecho, es esta última una de las causales para reservar información que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública contempla en su artículo 113, fracción I:

“Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable.”

Ahora se sabe cómo opera una parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que por la incontinencia verbal del presidente de México, que no supo lidiar con las preguntas de los reporteros, obligó al secretario de la Defensa Nacional a revelar información que se puede considerar ha causado un daño irreparable en materia de seguridad nacional; y sobre todo, pone en peligro la integridad de un mando militar y su familia.

No es gratuito que voces como la del expresidente Felipe Calderón hayan pedido que se proteja al coronel y a su familia, enviándolos al extranjero a la brevedad posible.

Lo que los periodistas pedían conocer era cuál fue el error de planeación del operativo, el rango de quien dio la orden de iniciarlo, y si contaba con el aval del gabinete de seguridad; nunca se solicitó el nombre del coronel que reveló el general secretario. Ahora eso es ya historia.

El funesto episodio se suma a lo descrito por el periodista Jorge Fernández Menéndez, al cual me permito citar: “El martes pasado, en un desayuno con centenares de militares de alto rango, en activo y en retiro, el general Carlos Demetrio Gaytán, exsubsecretario de la Defensa, un hombre reconocido y querido en el ambiente militar, expresó la preocupación profunda que existe en las Fuerzas Armadas sobre el rumbo que han tomado las cosas, sobre todo en el terreno de la seguridad, e incluso más allá.

”Ante los altos mandos del Ejército reunidos en la Sedena, el general en retiro sostuvo que ‘los frágiles contrapesos existentes han permitido un fortalecimiento del Ejecutivo que propicia decisiones estratégicas que no han convencido a todos, para decirlo con suavidad’. Ello, agregó, ‘nos inquieta, nos ofende eventualmente, pero sobre todo nos preocupa, toda vez que cada uno de los aquí presentes fuimos formados con valores axiológicos sólidos que chocan con la forma con que hoy se conduce al país’. Lo dijo en un contexto de apoyo y defensa de sus mandos, pero su advertencia no puede caer en el vacío.” Fin de la cita, engrosamiento del encono y la violación a la ley, al menos la General de Transparencia.

Otros datos

El miércoles por la mañana el priista Juan Carlos Lastiri, operador de Rosario Robles, fue levantado por un grupo armado; poco tiempo después, el gobernador de Puebla dijo que había sido detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) y llevado una penitenciaría en la Ciudad de México.

La FGR desmintió la supuesta detención, y la familia del político dijo ignorar su paradero. ¿Quién miente?

La frase

¿Entendí mal, o el secretario de la Defensa Nacional admitió que entraron al domicilio de Ovidio Guzmán sin contar con una orden de cateo?

Alejandro Hope, 30 junio de 2019.

@JorgeMachucaL