Los gobernantes han premiado a sus colaboradores cercanos con sendas notarías.

Otro tanto de estas patentes se ha vendido al mejor postor.

Así ha sido desde hace años. ¿Cuántos? No sé; pero mi memoria periodística empieza con Mariano Piña Olaya y ya se hablaba de esa práctica carente de ética, sobre la cual nadie advertía una ilegalidad.

Rafael Moreno Valle no podía quedarse atrás, ni tampoco podía actuar con mediocridad, por lo que superó a sus antecesores.

Repartió 29 notarías entre sus incondicionales e interesados en comprar una patente.

No importaba si los aspirantes carecían de sendas acreditaciones de prácticas notariales, ni tampoco si contaban con sus monografías.

Lo importante era contar con la venía del gobernante.

Eso era suficiente, con este simple requisito cumplido obtuvieron sus patentes.

La lista de los beneficiados se guardó bajo llave casi un año.

En noviembre de 2017, la Secretaría General de Gobierno (SGG) enumeró las notarías entregadas por Moreno Valle:

Jorge Otilio Hernández Calderón, en Acatlán; Norma Angélica Zacaula Martínez, en Chalchicomula de Sesma; Alma Rosario Matías Colorado, Chalchicomula de Sesma; Juan Manuel Luciano Martínez Tello, Chalchicomula de Sesma; Alejandra Maupomé Cagigal, en Cholula; Irma Patricia Leal Islas, Cholula; Alexandra Herrera Corona, en Cholula; Sergio Penagos García, en Cholula; Miguel Martínez García, en Cholula; Sabás Jesús Gómez Cortés, en Huejotzingo; Manuel Pozos Cruz, en Libres; Juan Carlos Tapia Santander, en Tecamachalco; María Elena Torres Machorro, en Tecamachalco, y Rosa Nalley Rodríguez Camacho, en Tecamachalco.

Además de Norma Angélica Zacaula Martínez, en Chalchicomula de Sesma; Miguel Ángel Pérez Ramírez, en Tehuacán; Miguel Martínez García, en Cholula; María Elena Torres Machorro, en Tecamachalco; María Doleres Martínez Barradas, en Tepeaca; María del Carmen Vázquez Molina, en Xicotepec de Juárez; Manuel Pozos Cruz, en Libres; Luis Antonio Nava Garzón, en Tepeaca; Karlota Hernández Ramos, en Tehuacán, y Juan Manuel Luciano Martínez Tello, en Chalchicomula de Sesma.

Para octubre de 2018, el diputado petista, Raymundo Atanacio Luna, presentó en el Congreso local una iniciativa para frenar la entrega discrecional de estos registros para fedatarios públicos.

La propuesta contaba con la fuerza de los partidos que conformaron la coalición Juntos Haremos Historia, advertía la intención del proyecto; sin embargo, con José Antonio Gali como gobernador, era casi imposible que los notarios vieran vulnerado su patrimonio, sobre todo porque estaban seguros que habían pagado también protección política.

Pero, no. El 20 de ese mismo mes, Mauricio García León fue separado temporalmente del cargo de director general de Archivos y Notarías del Gobierno del Estado, ese que ocupó para cumplir la orden de realizar el reparto morenovallista de notarías.

La instrucción llegó directamente del entonces titular de la SGG, Diódoro Carrasco Altamirano.

Estaba acusado de entregar una patente de manera irregular.

A la par, trascendió que Gabriel Castellanos Porras, como auxiliar de la Notaría Pública número 2 de Ciudad Serdán, le había comprado en varios millones de pesos su patente a Horacio Lucas Wong Villarreal.

Los escándalos se multiplicaron

Con Guillermo Pacheco Pulido en el gobierno interino no pasó nada; pero, al iniciar la gestión de Luis Miguel Barbosa, los notarios advirtieron lo peor.

En septiembre de este año, el secretario de Gobernación (ya no SGG), Fernando Manzanilla Prieto, reconoció que había entregado el diagnóstico sobre este tema a la Consejería Jurídica, a cargo de Ricardo Velázquez Cruz, por lo que esta dependencia sería la encargada de definir el rumbo de la investigación.

Este lunes, el gobierno estatal recogió sellos y firmas de notarios que obtuvieron sus patentes recientemente, sin que, hasta el momento, se haya determinado el número, aunque trascendió que todas fueron repartidas en el sexenio de Rafael Moreno Valle y la gestión de José Antonio Gali Fayad.

En un escueto comunicado de prensa, informó que ha iniciado "una investigación referente a la entrega de las notarías, esto ante las irregularidades bajo las que actuaron pasadas administraciones".

"Este proceso, el cual dará como resultado la cancelación de las patentes como notarios, implica el establecimiento de medidas cautelares, por lo que se recogieron los sellos y firmas de los fedatarios para evitar un mal uso de estos".

Previo a este anuncio, Mauricio García León, ex titular de Archivos y Notarías de Puebla, tomó la decisión de suicidarse.

Al menos, eso parece.

Dicen que disparó en el abdomen al interior de su departamento en Vista Alegre, municipio de San Andrés Cholula.

Dicen que dejó un mensaje póstumo, en el cual prácticamente quiso repartir culpas por su muerte.

Las autoridades sabrán si acabó con su existencia.

No está bien hablar mal de los muertos.

Por eso, sólo relato hechos.

Usted llegue a sus conclusiones

Y recuerde: Nadie es completamente bueno, ni completamente malo.