De poder a poder. El terror en Culiacán

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Invitado


Octubre 27, 2019

POR NADIA GISELA RAMÍREZ MARES, MIGUEL ÁNGEL LEOBARDO VEGA RÍOS Y JULIANA VIVAR VERA 

El pasado 17 de octubre Culiacán, la capital de Sinaloa, se convirtió en un escenario sangriento y a juicio de muchos, “de película”. Desesperación, balaceras, vehículos quemados e histeria reinaban en diversas calles de esta ciudad.

El caos comenzó después de la captura de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, por parte de elementos de la Guardia Nacional y la Sedena, cuando civiles armados que se autodenominaban del Cártel de Sinaloa, desencadenaron el caos y el terror entre la población, lo cual propició que Ovidio Guzmán fuera liberado después de su aprehensión, para “mantener la paz entre la sociedad civil.

En el “deber ser”, los hechos son delictivos, como lo explica Gisela, donde además de identificar al Cártel de Sinaloa y los demás cárteles que apoyaron el evento, como delincuencia organizada, el hecho es tipificado en el Código Penal Federal en el artículo 139 como terrorismo, al afectar la Seguridad Nacional por el uso de medios violentos contra bienes y servicios, contra la integridad física, emocional o la vida, produciendo temor entre la población para presionar a la autoridad a que tomara la determinación de liberar a Ovidio Guzmán.

En el “deber ser”, cada uno de los probables delincuentes debe ser procesado por éste y los demás delitos. ¿Existe la capacidad estatal para hacerlo? En referencia a Zaffaroni, “las agencias de la criminalidad secundaria no tienen capacidad para atender la criminalidad primaria”.

La vigencia del monstruo de la delincuencia organizada se evidenció. Esa delincuencia que no es nimia, ni está conformada por aquellos estereotipados sociales como vulnerables.

Sí, ésos son los operativos, pero hablamos de la gran empresa delincuencial, formada por una red de poder de empresarios, dueños de Organismos No Gubernamentales, políticos y, en sí, aquellos que patrocinan compra de armamento, pago de salarios a operativos, supervisores, etc., para comprar e, incluso, superar el poder del Estado.

Ni la sociedad, y menos el gobierno, deben subestimar este gran poder. Los hechos de Culiacán fueron una muestra de ello para el gobierno, y la realidad del control de la población que no sólo corresponde a un espacio geográfico, es todo el país, que por años ha sido sometido al control del poder de la delincuencia organizada y que se ha alimentado año con año por la corrupción que difumina a los delincuentes, que combina instituciones públicas con instituciones delincuenciales.

El análisis del fenómeno debe partir de esa identificación. Las medidas preventivas y reactivas deben considerar al gran monstruo, ese que controla el país. En el hecho, la decisión de ceder a la liberación de Ovidio Guzmán a cambio de proteger a la ciudadanía, fue una muestra del poderío del cártel de Sinaloa.

Ante ello, la opinión pública se dividió entre los que hablan de rendición del gobierno y los que apoyan la decisión de liberar al probable delincuente por la seguridad de la sociedad civil, lo cual ocurrió sólo en el cese del terror.

Gisela estima que fue la mejor decisión al momento de lo ocurrido, puesto que lo que se estaba viviendo en Culiacán no era justo para los civiles que se vieron afectados por las balaceras y la toma de rehenes, cuando ellos no estaban involucrados de manera directa en el problema.

Miguel Ángel afirma que poder actuar con base en un Estado Constitucional de Derecho, debe cumplir con la legalidad otorgada a través de la certeza jurídica que otorgan las leyes.

Pero si bien un gobierno no se limita a dichos criterios, la legitimidad también forma parte de hacer política y de permitir que las decisiones vinculantes para el país incidan en la vida social y progresen. Es por ello que los mandatos de acción realizados por nuestro presidente de la República, a través de quienes conforman la administración gubernamental en temas de seguridad pública, generan efectos en el desarrollo de la vida democrática de nuestro país.

Es un hecho, sin embargo, que se subestimó la capacidad operativa de la delincuencia organizada, y con ello se puso en riesgo la legitimidad del control reactivo gubernamental, con un operativo “precipitado”, como se afirmó oficialmente. Se puso a prueba la reestructura del Sistema de Seguridad Pública, que son más de 170 000.

Miguel Ángel opina que los hechos derivados también son un reflejo de cierto dilema en la aplicación de derechos. Por un lado, la ética del buen gobierno; y por otro, miles de vidas en juego, exigiendo poder salir a las calles sin miedo a ser asesinados.

Miguel exige estrategias humanas, que analicen pros y contras de decisiones, que se deje de soñar con dejarle un futuro mejor a las próximas generaciones. El ahora también requiere un mañana mejor, sin el terror de vivir en un país donde aún se confía en personas buenas. Lo que hace falta es coadyuvar, evitando proselitismos políticos y haciendo uso de un trabajo en equipo, como gobierno y como ciudadanos.

* Juliana Vivar Vera. Profesora de derecho. Tecnológico de Monterrey, Puebla

** Nadia Gisela Ramírez Mares. Estudiante de la licenciatura en Derecho y Ciencia Política en el Tecnológico de Monterrey

*** Miguel Ángel Leobardo Vega Ríos. Estudiante de la licenciatura en Derecho y Ciencia Política en el Tecnológico de Monterrey

 

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