¿Responderán los gobernadores?

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Ramón Zurita Sahagún


Octubre 22, 2019

Al mejor gobernador se la ve la liebre, y Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa, posicionado siempre en las encuestas como el primero o segundo mejor mandatario del país, quedó evidenciado en los sucesos del pasado jueves en la capital de su estado.

Temeroso, asustado, espantado, aterrado, despavorido, sobresaltado, escurridizo y escondido en algún lugar, el mandatario sinaloense pudo dar la cara hasta que llegó el gabinete de seguridad y fue obligado a salir a la conferencia de prensa conjunta.

Durante el enfrentamiento, Quirino y su equipo de seguridad se mantuvieron ausentes, sin dar señal alguna sobre lo que estaba ocurriendo en el estado que gobierna.

La excusa es que en todo tipo de operativos en que participan las fuerzas federales, lo estatal queda relegado a segundo término, siendo el gobierno federal el responsable de los acontecimientos.

Es cierto que en el caso concreto de Culiacán, el pasado jueves, las autoridades locales no fueron informadas del operativo, para evitar fuga de información, pero en cuanto se desató la refriega, se requería de información sobre lo que estaba aconteciendo.

Ese recurso es muy común entre los gobernantes de todo el país, sin distingo de colores o ideologías, los que hacen caso omiso de la presencia de los grupos delincuenciales, dejando todo en manos del gobierno federal.

Los gobernadores, sin excepción, se hacen omisos ante la presencia de los grupos del crimen organizado, hacen como que no los ven y desconocen la existencia de las armas de alto poder que portan y que en muchos casos lo hacen de manera abierta.

Cuando ocurren los acontecimientos provocados por el crimen organizado, responden tardíamente y solamente en caso de ser agredidos tienen capacidad de respuesta, de las que en pocas ocasiones salen bien librados.

Es ampliamente conocido que desde hace muchos años se dota a los gobiernos estatales de abundantes recursos para la seguridad pública, para que cuenten con cuerpos de seguridad capaces, entrenados, organizados que puedan dar el servicio de protección que la población requiere, aunque casi siempre su armamento y equipamiento son deficientes y obsoletos, sin que se conozca a fondo dónde quedan esos recursos.

Ante la negativa por continuar al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Luis Raúl González, el Senado de la República inició el proceso de selección de su sucesor, de una lista de 57 aspirantes, de los que 45 son hombres y 12 mujeres.

Serán tres días en que los legisladores auscultarán a los aspirantes. 24 forman parte del primer grupo y los demás seguirán en días subsecuentes.

En el nutrido grupo hay de todo, desde un exsacerdote, Luis Miguel Athié; un sobrino del primer ombudsman (Jorge Carpizo), Enrique Carpizo; y Rosalba Becerril, expareja del polémico expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Genaro Góngora Pimentel.

La mecánica de las entrevistas será de cinco minutos para que cada uno de los aspirantes presente su propuesta, para después responder a las preguntas de los senadores de las distintas comisiones.

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