La política pasa a ser un espectáculo, y el Estado mismo

se convierte en un espectáculo.

Eugenio Raúl Zaffaroni

Llevamos, aproximadamente, un año en el que la administración pública federal y los legisladores actuales han sostenido permanentemente que no se plantearán programas de condonación de adeudos fiscales, que no habrá más decretos que permitan la condonación de los créditos fiscales. Por ello se modificó el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación y se presentó una propuesta constitucional para reformar el artículo 28 de la Constitución, para sostener que no proceden las condonaciones generales que no tengan una causa justificada que las permita; misma propuesta de reforma constitucional que está siendo aprobada por las Cámaras que conforman el Congreso de la Unión. Todo ello, en resumen, representa una política tributaria que impide la condonación de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, bajo el argumento de que no hay justificación alguna para permitir las condonaciones de adeudos fiscales.

Bajo esa política tributaria, se implementa en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020 un programa para la regularización de los denominados “coches chocolate”; es decir, aquellos vehículos que se introdujeron en territorio nacional pero que no pagaron impuestos de importación, o bien, no cumplen con las reglas y restricciones no arancelarias; o lo que es lo mismo, con los permisos ambientales.

Por ello, se encuentran ilegalmente en el país con dos problemas: la omisión del pago de las contribuciones de importación, y las regulaciones ambientales para que no lleven a cabo procesos que contaminan el aire, por los tipos de motores y las condiciones de los mismos.

Desde luego que esta reforma es contradictoria con toda la política tributaria de la Presidencia, pues está interesada en que no haya condonaciones generales de contribuciones, como es el caso del Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto Empresarial a Tasa Única, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de ejercicios fiscales anteriores; que bien pudieron condonarse, incluso porque, en particular, uno de ellos ha sido derogado.

En el caso de los vehículos de importación, hay contribuciones omitidas, como, en principio, el derecho de trámite aduanero, el impuesto general de importación, el Impuesto al Valor Agregado, el impuesto sobre adquisición de vehículos nuevos, el impuesto sobre tenencia de vehículos, los derechos por controles vehiculares, placas, tarjetones, etc. Todas ellas quedarán condonadas vía regularización de los vehículos; es decir, con el pago propio de dicha regularización.

Pero esto no es todo. La importación de estos vehículos también debe cumplir con regulaciones ambientales que, en todo caso, serán desestimadas, pese al gran problema que hoy tenemos en el mundo con la contaminación ambiental. Ésta es una regularización que está trastocando derechos sociales constitucionales, como es el caso del derecho al medio ambiente sano.

Los vehículos de procedencia extranjera cuentan con una sanción mayor, que es la confiscación del vehículo cuando la autoridad lleva a cabo el procedimiento administrativo en materia aduanera. Procede la confiscación, adicionalmente a la obligación del pago de aquellas contribuciones por la importación. Todas Ésas son las consecuencias que ocasiona un cúmulo de infracciones por la importación de vehículos, pero ahora serán regularizadas; lo cual equivale a condonaciones, y aún más, a la permisión que estos vehículos han tenido durante años de contribuir al deterioro del medio ambiente en México.

Sin duda alguna, esa regularización de vehículos de importación es, propiamente, una condonación; algo contradictorio con la propuesta de la presidencia, en la que no proceden las condonaciones, porque —dice— provocan ventajas competitivas de los particulares, porque se está beneficiando la evasión y la elusión fiscal.

Algo que, si se hace caso, se infringirá con la regularización de los vehículos (una que no se había presentado, por lo menos, en los dos últimos periodos de administración pública), pues se va a regularizar la comisión del delito de contrabando y de contaminación al medio ambiente. Es contradictoria, sobre todo con la política tributaria de prohibir la condonación de contribuciones, la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para 2020 por parte del Senado.

Respecto a este rubro, habrá, como consecuencia, una serie de amparos por el tratamiento inequitativo que se está dando a los particulares como contribuyentes: a unos se les tratará con la mano tersa de la regularización; y a otros con la mano dura de la prohibición de las condonaciones de contribuciones.