POR PEDRO PABLO CORTÉS
El gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, que
llegó al poder con el lema de “primero los pobres”, afronta el reto histórico
de erradicar la pobreza en un país que arrastra problemas estructurales
desigualdad extrema.
En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza,
expertas ven claroscuros en las nuevas políticas destinadas a los 52,4 millones
de mexicanos que viven en pobreza, un 41.9 por ciento del total de la
población, según datos de 2018 del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval).
Aunque ve aspectos positivos en los nuevos programas
sociales, la coordinadora de investigación en Oxfam México, Milena Dovalí,
destaca la necesidad de una reforma fiscal progresiva, pues la “gran razón” de
la pobreza “es la desigualdad extrema”, ya que el 1 por ciento más rico del
país concentra el 28 por ciento de la riqueza nacional.
“Por un lado tenemos estas élites influyendo en la política
pública y en la regulación, lo que limita los recursos del gobierno, y por otro
lado tenemos que en México, si naces pobre, es muy probable que te quedes en
esa situación por todas las barreras que tienes que enfrentar,” expone la
investigadora.
López Obrador llegó al poder en diciembre pasado y
pronunció un discurso de inicio de mandato en el que ofreció dar prioridad a los
“vulnerables y desposeídos” para que en México se deje de condenar “a quienes
nacen pobres a morir pobres”.
Desde entonces, el mandatario ha lanzado programas
emblemáticos para combatir el desempleo juvenil, apoyar a sembradores,
transferir efectivo a personas de bajos ingresos y otorgar una pensión
universal a adultos mayores y personas con discapacidad.
Pese a los beneficios, Dovalí lamenta que se hayan
eliminado programas sociales de otras Administraciones, como Prospera, que el
crecimiento económico se estanque y que el presupuesto gubernamnetal para el
próximo año no refleje las prioridades del combate a la pobreza.
“La inversión pública va a disminuir en 5 por ciento real,
pero gran parte de estos recursos se van a Pemex y a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), (...) entonces dejan poco presupuesto para infraestructura
social, especialmente en salud y educación,” comenta la investigadora.
En esto coincide María José Alexander, consultora
internacional de desarrollo social, quien menciona que los gobiernos “han
fallado” en reducir la pobreza en el país no porque los programas sean
ineficaces, sino porque suelen utilizarse por los funcionarios públicos con
fines electorales y de corrupción.
“El más grave problema que tenemos en México, en los
programas de Gobierno, es la implementación, el monitoreo y la rendición de
cuentas. Son programas que son buenos en teoría, pero que al final de cuentas
no se implementan bien y no hay un seguimiento adecuado,” detalla.
María Fernanda Loya, directora de la asociación Misión del
Nayar, enfatiza que la “deuda histórica” del gobierno mexicano es resolver la
“pobreza estructural” de los pueblos originarios, pues el 69.5 por ciento de
los indígenas viven algún tipo de pobreza, según los últimos datos del Coneval.
“Con el tiempo, México se ha ido transformando y también la
sociedad, pero las comunidades originarias siempre fueron segregadas, o sea,
desde que inició como colonia y posterior también porque siempre se les vio
como una sociedad aparte,” detalla.
Loya precisa que la desigualdad se exacerba en la población
indígena porque no tienen acceso a servicios de educación, salud y justicia en
su idioma, además de que los funcionarios públicos tienen problemas para
adaptarse a la multiculturalidad.
La activista percibe una nueva actitud del Gobierno con los
pueblos originarios, como en la inclusión de funcionarios indígenas en organismos
públicos, pero advierte que “el cambio real” aún no ha llegado.
“Todavía está ahí la problemática. Yo creo que el primer
paso siempre para un cambio empieza por lo simbólico, entonces creo que sí es
el inicio de que la comunidad indígena pueda cambiar su realidad, pero espero que
no quede a forma de discurso”, expresó.