La corte, que prevé llegar a una conclusión después de otras dos o tres audiencias, debe decidir sobre el alcance y aplicación del artículo 5 de la Constitución, según el cual una persona no puede ir a prisión hasta que se agote todo el proceso de apelaciones.

Sin embargo, fue la propia Corte Suprema la que abrió la puerta a la ejecución anticipada de penas, con una decisión adoptada en 2016 que sentó jurisprudencia y con la que autorizó la prisión una vez que una condena fuera ratificada en segunda instancia, aun cuando, según la ley brasileña, resten otras dos.

El argumento que primó en esa decisión, ratificada por el pleno del Supremo el año pasado, fue que existe en Brasil un “exceso de garantismo” que favorece la impunidad, pues durante el tiempo en que tramitan las cuatro apelaciones posibles se llega muchas veces a la prescripción de los delitos.