Los defensores de las comunidades indígenas afectadas señalaron que son preocupantes las afirmaciones del juez en su sentencia, debido a que la interpretación que hace sobre los impactos significativos restringe el derecho a la consulta.

Manifestaron además que el juzgado niega el amparo desestimando las afectaciones a las comunidades demandantes, ello a pesar de que el Peritaje Oficial de Biología e Impacto Ambiental, elaborado por la PGR, establece que el PHP1 tendrá impactos en el medio ambiente, como la disminución en la calidad del agua, generación de gases de efecto invernadero, aparición de fauna nociva, contaminación de acuíferos y remoción de vegetación forestal.

Acusaron que el juez omitió el análisis del peritaje para beneficiar a la empresa encargada del proyecto y a las autoridades demandadas, que aseguran que no habrá impactos negativos en la población; esto lo calificaron como una muestra más de una política de Estado que busca despojar de sus derechos y de sus territorios a los pueblos originarios, para beneficio de las grandes empresas.