El Inpode, una olla de presión a punto de estallar

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En “el ojo del huracán” se encuentra el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, de Morena, por la forma tan poco clara, sin transparencia y más bien oscura que se ha manejado para que ocupe la silla de jefe del Ejecutivo en Baja California por cinco años y no por dos, por los que fue electo el pasado 2 de junio.

Sólo que con las maniobras del Congreso del estado saliente, hicieron una reforma constitucional para que Bonilla Valdez sea mandatario por cinco años, en lugar de dos que decía la Constitución al día de la elección.

Muchos rumores corrieron en el sentido de la corrupción de los diputados de la XXII Legislatura estatal y que dejaron el cargo el 31 de julio, donde la vox populi ha señalado que recibieron cañonazos de 1 millón de dólares (no se ha comprobado) para modificar la Constitución y aprobar la denominada “Ley Bonilla” en julio pasado.

Sin embargo y pese a haber realizado los cambios a la Constitución de ese estado, ni la XXII, ni la actual legislatura (la XXIII) han enviado la reforma al Ejecutivo estatal para su publicación, con lo que han evitado que se realicen amparos por cuenta de la sociedad, partidos políticos y ciudadanos que se pronuncian en contra de esas modificaciones.

El 1 de noviembre, Jaime Bonilla Valdez tomará posesión como gobernador de Baja California y, se dice, antes de irse el actual mandatario Francisco Kiko Vega de Lamadrid dejará publicada la reforma para que el nuevo Ejecutivo tome posesión y jure por gobernar 5 años, y así no sea perseguido político.

Sin embargo y pese a la encuesta del pasado domingo donde en forma “ilegal”, “amañada” y no autorizada por el INE, ni autoridad electoral alguna haya aprobado, los seguidores del morenista y el propio gobernador electo dijeron que “ya había ganado”.

Lo cierto que una vez que se publique la reforma vendrán los amparos y la solicitud a las autoridades electorales, desde la Sala Superior, el Tribunal Electoral estatal y hasta la Suprema Corte, que pueden echar abajo esa reforma que a todas luces es ilegal.

Jaime Bonilla Valdez no es bien visto para gobernar por 5 años ni por el propio presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, ni por la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quienes aseguran no meterán las manos y dejarán que las autoridades electorales decidan.

Se espera un fuerte descalabro para el gobernador morenista, o quienes pagarán los platos rotos será el actual gobierno federal y el Movimiento Regeneración Nacional.

 

El Inpode, en tremenda crisis

En forma ilegal, los trabajadores del Instituto Poblano del Deporte —Inpode— han dejado de percibir sus sueldos desde la llegada de la actual administración y los argumentos han sido varios: que ya no hay recursos; y otra que el anterior director, Julián Haddad Feréz, se llevó todo.

Sin embargo hay algo extraño en todo esto, porque se supone que las secretarías de Finanzas y de Administración deberían tener ese recurso etiquetado para sueldos de los empleados para todo 2019, de todas las dependencias.

¿A poco los directores pueden solicitar la ministración de salarios en forma anticipada y dejarlos en manos de los administrativos de su área?

¿No se supone que Finanzas y Administración son las responsables del manejo de los sueldos y salarios, ya etiquetados, para cada dependencia?

¿Por qué la SEP, dependencia rectora del Inpode, no ha movido un solo dedo para ver la situación de los trabajadores?

Son sólo preguntas, que alguien debe responder.

Por cierto, el pasado fin de semana les dijeron a los empleados del Inpode que al no existir dinero, será hasta enero de 2020 cuando puedan pagarles su salario.

¿Será que los dejen sin su salario 5 meses (agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre)?

¡Este gobierno se comprometió a cumplir la ley y hacerla cumplir!

Por cierto, entre los mensajes recibidos por este reportero llegó otro conflicto en puerta en el Inpode, y éste es el texto íntegro:

“Algo anda muy mal en el Instituto Poblano del Deporte, y es que a espaldas de su titular, se han presentado una serie de actos prepotentes y acciones francamente intolerantes en contra de las diferentes asociaciones deportivas y de la ciudadanía que se acercan a estas oficinas. Los malos tratos, la prepotencia y los actos de abuso son originados por quien se dice “muy cercano” por tener una relación con la exdiputada local.

Este nuevo mirrey es el “Licenciado Norberto” como se hace llamar, y ha hecho (desde un puesto que él mismo se inventó, subdirector de deportes) que el paso de Julián Haddad haya sido maravilloso, con todo lo que eso implica.

”Señores de la SEP, tendrían que darse una vuelta por la colonia Maravillas, para ver el desempeño del licenciado Norberto y poner orden a una instancia por demás sensible y humana dentro del aparato del gobierno.”

Ojalá el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta ponga orden y no se afecte a inocentes.

 

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@Luiguiglez 

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