Una posible solución: la Corte Internacional Anticorrupción

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Invitada


Octubre 13, 2019

POR MARÍA DE LOS ÁNGELES ESTRADA

Hay un creciente movimiento internacional respecto a la necesidad de crear medios efectivos para combatir la corrupción, particularmente la “gran corrupción” o “cleptocracia”. Mark Wolf, uno de los principales impulsores de la creación de una Corte Internacional Anticorrupción (IAC por sus siglas en inglés), define la gran corrupción como “el abuso del puesto público en los escalones más altos de la política para obtener beneficios privados”.

El argumento para la creación de una IAC es sencillo: la gran corrupción mata, viola derechos humanos, facilita el surgimiento, consolidación y adherencia a cárteles del narcotráfico y grupos criminales; y quienes permiten y cometen estos deleznables hechos son los servidores públicos tomadores de altas decisiones; es decir: los presidentes, primeros ministros o jefes de Estado.

La IAC funcionaría con base en el principio de “complementariedad”, igual como funciona la Corte Penal Internacional (CPI). Es decir: los tribunales nacionales serían los encargados principales de impartir justicia en los casos de corrupción, mientras que la Corte Anticorrupción sólo entraría cuando las cortes nacionales no hayan hecho una investigación seria o hayan sido omisas en enjuiciar o sancionar correctamente a un presunto gran corrupto.

La IAC está pensada para ser creada con el mismo método a través del cual se dio a luz a la CPI. La incorporación de México a una corte de ese estilo tendría que pasar por la firma del presidente y la ratificación del Senado. Aquí viene el gran argumento para dudar de la posible creación de una IAC: ¿será el mismo jefe de Estado corrupto el que apruebe la creación de una jurisdicción internacional complementaria para que, si logra salirse con la suya en su país, pueda ser juzgado por jueces internacionales?

Ese mismo fue el argumento que se usó contra de CPI: “¿serán los mismos genocidas los que firmen un tratado por el que luego los juzgarán internacionalmente?” La respuesta corta es, . Varios de los jefes de Estado africanos que cometieron barbaridades en contra de sus ciudadanos fueron quienes firmaron en nombre de sus países el estatuto de Roma (documento que da origen a la CPI) y quienes, posteriormente, estuvieron sujetos a investigaciones por parte de la CPI (ellos o familiares suyos).

Claro, no será sencillo, pero la presión social y política interna e internacional juegan un papel trascendental en estas situaciones. En principio, yo esperaría que el gobierno mexicano se interesara en formar parte de la IAC. Puedo ver perfectamente al presidente López Obrador aceptando la incorporación de México en estos términos.

Sin embargo, sí hay un argumento que México deberá tomar en cuenta cuando llegue el momento de negociar su adhesión a la IAC. Me refiero a la jurisdicción personal. La IAC está pensada para enjuiciar sólo a jefes de Estado, pues el argumento es que son ellos quienes tienen el poder de cometer actos de gran corrupción y de evitar ser sancionados.

En México, muchos gobernadores y presidentes municipales, secretarios de Estado y otros funcionarios de alto rango tienen la capacidad de abusar de su cargo para obtener beneficios privados, afectando a miles de personas y comprando a autoridades nacionales e internacionales para evitar ser enjuiciados.

En nuestro país, muchos gobernadores tienen a su disposición presupuestos del mismo tamaño que tienen algunos pequeños países. De igual forma, muchos han estado cerca del narcotráfico y de otros tipos de delincuencia organizada.

Para México, una IAC que no incluya al menos a los gobernadores y miembros del gabinete, no sería del todo útil. Sí, es importante que los presidentes corruptos no queden impunes, pero también lo es que la alta burocracia sepa que ellos tampoco gozarán de impunidad, por lo menos a nivel internacional. La gran corrupción debería estar definida no por el puesto de quien la ejerce, sino por el tamaño de las consecuencias que provoca.

* Directora Ejecutiva de la Iniciativa de

Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey 

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