Vaya, vaya ¡Vecinos! ¡No les digo! Si el horno no está para bollos y de repente en Puebla todo mundo se empeña en regarla más. Vean nada más: Resulta que el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal denunció el derribo de 100 árboles para la construcción de un fraccionamiento en la zona del cerro de Amalucan.

Así es: ¡cien árboles! “¿Y cómo es eso posible?”, se preguntarán ustedes. Pues resulta que la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial aprobó el retiro de los árboles mediante el informe de impacto ambiental que la empresa Hogares Edén SA de CV, presentó.

Así que ya saben: Si ustedes van a vivir en una de las mil 4 viviendas del proyecto Lomas de San Juan, en Bosques Amalucan, todos los días dedíquenles un minuto de silencio a los arbolitos.

Esto sí ya es de risa loca, vecinos. Pues ya saben que si hay uno de esos cráteres lunares en su colonia, y tienen la osadía de cooperarse entre todos para echarle un poco de grava con chapopote, una tecnología que no existe en el Ayuntamiento, pues las autoridades van a levantar el pulgar y a decirles: “bien hecho”.

Y es que el secretario de Infraestructura del Ayuntamiento, Israel Román, salió con la puntada de aplaudir que “haya vecinos comprometidos con su ciudad y que tapen baches por su cuenta” y en consecuencia apoyen a las autoridades para hacer este tipo de labores.

Así que ya saben que si andan armando vaquitas, coperachas o tandas “tapabaches” no recibirán ni unos boletos para Áfricam Safari. ¡Es en serio!

En otros tiempos los funcionarios quizá habrían salido avergonzados a decir que ya, que ahora sí ya se iban a poner a trabajar, pero en los tiempos de la 4T hay que irnos acostumbrando a que ellos cobran y los ciudadanos trabajamos. ¡Quién lo iba a decir! Ser el “pueblo bueno” nos cuesta caro.

Hablando de justicias e injusticas, les cuento que ya se armó lo que muchos activistas andaban pidiendo desde hace años, y es que la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso aprobó reformas al Código Penal del Estado para homologar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que sanciona a quien cometa desaparición forzada.

¿De qué va? ¡Ah! Pues nada más y nada menos que ya se incluye una pena de entre 40 a 60 años de prisión, multa de 10 mil a 20 mil días de salario mínimo a los servidores públicos o particulares que priven de la libertad a cualquier persona.

Después del desmán en Acajete, donde elementos del Ejército se agarraron a trompadas, pedradas y hasta tiros con unas personas señaladas como delincuentes, el presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso, Carlos Alberto Morales dijo que es necesario que el gobierno del estado investigue a los 217 alcaldes.

¿Pues nos e supone que había exámenes de confianza? Esta Puebla se está incendiando y las autoridades como el chinito: “nomás milando”.