Primer informe de AMLO: estrategia anticorrupción

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El que quiera ser obedecido, debe saber mandar.
Nicolás Maquiavelo 

Se avecina el Primer Informe de Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ya comenzaron a circular los spots promocionales de los logros de estos primeros meses de su gestión. Una costumbre en nuestro sistema político mexicano, pues más allá de un ejercicio republicano de rendición de cuentas, el titular del Poder Ejecutivo busca demostrar ante la opinión pública, como cada año de su administración, su músculo político y el capital social que lo respalda.
Es así como, a partir de la estrategia de comunicación política del gobierno de la República, se muestra a partir de estos días a un presidente que utiliza un mensaje que, aunque parece modesto iniciando sus spots con el eslogan “No es por presumir”, en realidad hace referencia al avance que, en diferentes ejes de gobierno, busca legitimar su mandato.
Son varios los asuntos de interés general que los ciudadanos valorarán sobre el trabajo de estos primeros meses, de entre los cuales destacan la violencia, el desempleo y la corrupción. Me centraré en este último punto, el que corresponde a la estrategia anticorrupción de este gobierno y los recientes acontecimientos que parecen ser una muestra de los cambios que se empiezan a vivir en la Cuarta Transformación, sin que necesariamente signifiquen los resultados de una investigación efectuada por la autoridad, en este caso federal.
Sin embargo, el hecho de que, en este momento, un caso de corrupción se presente como un posible logro, lo cambia todo, pues no es en cualquier circunstancia en la que se da a conocer el avance de una investigación. Simboliza un duro golpe contra la corrupción, privando de la libertad a una exfuncionaria del gobierno anterior, lo que nunca antes había ocurrido con las características que se presenta.
Se trata de una red de corrupción donde están implicados funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno, empresarios, notarios, universidades públicas y bancos, entre otros. Es también un acontecimiento que acompaña al discurso político, que cobra con esto significado y trascendencia en el primer año de gobierno del presidente en funciones.
Sería un caso emblemático para ejercitar la maquinaria institucional en materia de combate a la corrupción, pero se necesita más que una posible culpable. Se necesitaría combatir también la impunidad y la sistemática violación al Estado de derecho.
Esto implica que toda esa red de corrupción no termine en un escándalo de corrupción que se mediatiza, y simboliza un ejemplo de la mano dura de un gobierno en contra de una sola persona, que en realidad no es la única identificada como una presunta culpable de la comisión de un delito.
La sociedad civil ya aportó información y sustento a la investigación que se ha retomado en esta administración, pero es fundamental que no se agote la acción pública en un evento político que no derive en consecuencias.
Si bien el combate a la corrupción no implica una decisión eminentemente política, es fundamental que haya un marco legal que no sea cuestionado, y que no haya ninguna duda de por qué el Estado actúa en contra de determinadas personas que pudieron haber participado en la comisión de delitos de este tipo.
Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de contar con instituciones sólidas, autónomas, ejemplares, que estén al servicio del interés público. En este sentido, el presidente deberá ser muy respetuoso del curso de las investigaciones, ya que el resultado final estará fuera del ámbito de su competencia; este caso deberá estar al margen de una decisión política.
Fue la sociedad civil la que inició este proceso judicial, y será ese poder el que determine cuál será la sentencia definitiva. Mientras tanto, los ciudadanos estaremos atentos a la evolución de los acontecimientos, esperando que la autoridad haga lo que le corresponde. Ni más ni menos.

* Profesora de tiempo completo del Tecnológico de Monterrey
@floresm_mx
[email protected] 

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