En México siempre ha sido una tradición observar que cuando un nuevo gobernante entra al turno de bateo (sea un alcalde, gobernador o presidente) suele señalar y culpar a su antecesor de una serie de fallas con las que se topa al asumir el poder.

El nuevo inquilino llega a encontrar problemas típicos como el saqueo de muebles y la desaparición de documentos oficiales. Y llega a enfrentarse con situaciones más graves como la herencia de una crisis en seguridad social y un gran desfalco en las arcas del erario.

Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que él ya no será parte de esta tradición.

“No quiero seguir responsabilizando a la administración pasada y a los gobiernos de antes… Ya es nuestra responsabilidad, ya sabemos que hay grandes problemas nacionales y los vamos a enfrentar,” dijo esta semana en su cotidiana conferencia por las mañanas.

La declaración presidencial se derivó de una pregunta en relación a los retrasos en las obras de reconstrucción luego del sismo de septiembre de 2017.

Aunque AMLO aclaró: “Solo lo haré (culparlos) cuando se necesite para diferenciarnos, porque hay veces que nos comparan y eso sí calienta, en esos casos sí.”

El mensaje presidencial reciente contrasta visiblemente con las acusaciones que en el pasado ha hecho contra sus antecesores (los “gobiernos neoliberales”), donde los acusa de ser responsables del rezago en el país.

Particularmente ha realizado señalamientos muy precisos contra ellos en el tema de la economía justa, la inseguridad y en el retraso de programas sociales y los proyectos educativos.

Lo expuesto por el presidente deja claro que los procesos de transición de gobierno no han podido cumplir sus objetivos. En el caso del Poder Ejecutivo, recordemos que cada nuevo mandatario tiene alrededor de cinco meses para procurar un proceso transparente de continuidad y evaluación en lo posible en programas claves, como seguridad, bienestar y educación.

Sin embargo, dichas etapas de transición se vuelven en la práctica un simple protocolo y, en la mayoría de los casos, solamente arrecian operativos del llamado “Año de Hidalgo”, también muy tradicional entre los gobiernos locales y el nacional, donde cada gobernante saliente busca atesorar todo aquello que sea posible para él y sus allegados en el poder.

Es de reconocerse que López Obrador y su gobierno estén tratando de desmarcarse de los errores y pifias de sus antecesores y han decidido tomar el toro por los cuernos.

Se reconoce que ya no busque culparlos, pero sí luce imperante que lleve a responder ante el país a los culpables de la crisis que estamos viviendo en México en cuanto a bienestar social (salud, educación) y seguridad pública.

La corrupción, el desfalco al erario y el tráfico de influencias son responsabilidades que sí deben ser reclamadas por el presente gobierno. Ello dejaría un antecedente positivo para de ahí buscar —ahora sí— asumir la propia responsabilidad y establecer mejores rutas de solución a los grandes problemas que nos aquejan como ciudadanos.