En 2016, con el fin de detener la escalada de feminicidios en la entidad, el Congreso local, a iniciativa del entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, aprobó reformas a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y también al Código Penal.

En la modificación legislativo destacó la persecución de oficio del delito de violencia familiar.

Ante esta medida, organizaciones de la sociedad civil lamentaron que las autoridades locales hayan olvidado la necesidad de tener diagnósticos por regiones, crear un banco de datos y diseñar y aplicar una estrategia de comunicación social en la materia, entre otras cosas.

La situación era preocupante. Ya había voces que demandaban la declaratoria de Alerta por Violencia de Género (AVG). Y es que un año antes se habían tipificado 12 homicidios de mujeres como feminicidios, (el doble que el año anterior) los cuales se cometen "por razones de género, priva de la vida a una mujer", ya sea por odio o aversión; por celos extremos, o por causar lesiones infamantes (que causan deshonra), violencia sexual, amenazas o acoso, tormentos o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El escenario local, atrajo a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), la cual recomendó fortalecer a las instituciones involucradas en materia de violencia contra las mujeres, por citar una de las 11 sugerencias.

El sexenio de Moreno Valle terminó sin AVG. También la administración de José Antonio Gali Fayad. Los 10 días de Martha Erika Alonso ni siquiera dieron tiempo para cambiar el rumbo; pero el 10 de abril de este año, en el interinato de Guillermo Pacheco Pulido, la Secretaría de Gobernación decretó la Alerta.

Después de tres años, los feminicidios han mantenido una tendencia a la alza: En 2017 fueron 27; en 2018 sumaron 32 y en el primer semestre de 2019 ya acumulan 25 casos y falta medio año de estadísticas.

El pasado fin de semana, otra poblana fue asesinada: Judith Abigail, quien dejó huérfanos a dos hijos. A la par, en la Ciudad de México, la presunta violación contra una menor de edad, hizo que las mujeres salieran a las calles.

En la Glorieta de Insurgentes, allá en la capital del país, hubo pintas y destrozos. Aquí en la capital, el edificio de la Fiscalía General del Estado (FGE) y una patrulla de Tránsito pagaron la cuenta.

Las manifestantes criticaron que no se haya identificado lo más importante.

Hubo otros que lamentamos el vandalismo y sugerimos que la protesta se hiciera diferente.

La secretaría de Igualdad Sustantiva de Género, Mónica Díaz de Rivera Álvarez, dijo este lunes que “no puede valer más una pared pintada o una patrulla vandalizada, que la vida de una mujer”, declaración que justificó el saldo de fin de semana.

Yo entiendo que las mujeres estén enojadas. Naturalmente. Todos estamos enojados. No pueden seguir matándolas. No quiero tener una historia cerca de casa, ni entre amigos, ni familiares. Y hay que encontrar una solución, una pronta solución, porque la Alerta por Violencia de Género está decretada en Puebla y no ha cambiado nada. No se ve la diferencia entre el antes y el después. Las siguen matando.

Vivimos en un mundo violento. Por todas partes se ve sangre, se huele sangre. La violencia es un alimento diario que se respira, que se come sin remordimiento. De ahí que no esté de acuerdo en las pintas ni en los destrozos. Me dirán que se puede limpiar y reconstruir. Desde luego, pero la violencia nunca debe ser combatida con violencia, porque la violencia siempre genera más violencia. Entiendo que no hay confianza en las autoridades, que estamos cansados de esperar el cumplimiento de la frase trillada de que caera sobre los culpables "todo el peso de la ley". Pero, no se puede exigir castigo por la comisión de un delito, cometiendo otro. Desde mi visión, no debe ser así. Espero que se tome el rumbo correcto, espero que este gobierno sí tenga la solución a este problema, uno de los principales problemas en Puebla.

Y recuerde: nadie es completamente bueno ni completamente malo

*Periodista

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