20 julio 2019
El Popular

Invitado

La agenda de Puebla: arribo de la GN

Por Alberto AMADOR LEAL. / julio . 11, 2019.

El pasado 1 de julio, parte de los 2 mil 300 elementos que integrarán la Guardia Nacional (GN) iniciaron labores de vigilancia en Puebla. Se anunció que operarían en cinco regiones: 1. Acatlán; 2. Ajalpan y Tehuacán; 3. Chalchicomula de Sesma; 4. Atlixco, Puebla, San Martín Texmelucan y Tepeaca; y 5. Teziutlán, Zacatlán y Huauchinango. Además, Puebla es estado sede de la VI Coordinación Territorial de la GN, que integra también los estados de  Tlaxcala y Veracruz.

El hecho se da después de las reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional decretadas el 26/03/19; de la publicación en el DOF del 16/05/19; de la Estrategia Nacional de Seguridad; de las reformas y adiciones a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad del 27/05/19; y de las nuevas leyes correlativas decretadas en la misma fecha (Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, Ley Nacional de Registro de Detenciones y Ley de la Guardia Nacional).

Los principales objetivos son: fortalecer las acciones en materia de seguridad; prevenir fenómenos delictivos; salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas; así como preservar la paz pública, el orden y construir un entorno de tranquilidad para la ciudadanía.

La GN inició, como en todo el país, con operativos inmediatos en el Mercado Morelos, despliegue territorial y amplia difusión en los medios. Ha sido un lanzamiento que ha despertado expectativas en la sociedad.

Pero conviene advertir que se trata de un proceso largo para consolidar a la GN, en particular, y a la estrategia nacional de seguridad, en lo general. Se tienen estrategias, procedimientos y protocolos pendientes, entre otros, en los siguientes temas:

 

  1. Coordinación. Además de la Comisión que sesiona diariamente para recibir el parte de los hechos y acordar medidas generales: ¿cuáles serán las instancias de coordinación operativa y de información e inteligencia?

Los convenios de coordinación y la estrategia conjunta Federación-Estado-Municipios, deberán partir de los avances de cada entidad. No es posible ni deseable partir de cero, sino más bien aprovechar las fortalezas, identificar los rezagos y problemas y acordar soluciones prontas y eficaces.

A este respecto, el artículo Séptimo Transitorio de la Reforma Constitucional para la Creación de la GN establece que: “los Ejecutivos de las entidades federativas presentarán ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en un plazo que no podrá exceder de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales”.

Los estados están llamados a hacer una autocrítica, severa y objetiva, de su propia realidad y resultados, buscar la empatía con la estrategia federal y un ejercicio de imaginación e innovación para superar rezagos y desviaciones. Por último el tema de la definición de las regiones, sobre bases técnicas y metodológicas suficientes, requiere una revisión juiciosa. Además de que estamos por lo menos ante tres regionalizaciones más: la del gobierno federal; la del gobierno del estado que iniciará el 1 de agosto y la histórica de las 7 regiones establecida en la ley.

  1. Corrupción. La Estrategia Nacional asume que: “por definición, la delincuencia organizada no puede existir sin un grado de involucramiento de funcionarios públicos que le ofrezca un margen de protección e impunidad y el tamaño, la extensión y el poder de grupos criminales, como los que existen en México, sólo pueden entenderse por una corrupción de dimensión equivalente en las oficinas pu?blicas, particularmente –aunque no en forma exclusiva– en los aparatos de prevención y combate de la delincuencia, procuración e impartición de justicia”. Esta idea central permea el conjunto de la estrategia, pero en los hechos debe ser aplicada con pulcritud y estricto apego a derecho; de otra forma, si se generaliza la condena, pueden surgir conflictos como el que está en curso en la PF.

Más allá de los tradicionales métodos de control de confianza, es necesario innovar para inhibir y, en su caso, detectar con oportunidad y mayor eficacia las conductas ilícitas de los servidores públicos.

  1. Operativos. Conviene identificar la prioridad de los operativos, de modo que la concurrencia Federación-Estado-Municipios atienda, primero, los delitos de alto impacto de competencia federal. Como se ha venido  realizando en el caso del robo de combustible, es necesario abordar el robo al autotransporte de carga y ferroviario, el tráfico de estupefacientes y la trata de personas. En el orden de lo local, los problemas de seguridad interestatales y el combate a los delitos comunes, deben ser jerarquizados cuando las policías locales carezcan de capacidad o interés para combatir el delito. En todo caso, tanto en el combate a delitos federales como del orden común, es indispensable un enfoque sistémico, rigor profesional y  respeto irrestricto a los derechos humanos.
  2. Investigación, procuración e impartición de justicia. Ahora la investigación del delito es compartida entre los órganos policiacos y los de procuración de justicia. Además del problema de corrupción inherente, o quizás como parte de él, las investigaciones derivadas de los operativos y de los hechos en flagrancia o por denuncia, suelen no concluirse. Un caso no terminado es garantía de impunidad y de la reproducción del delito. Además del viacrucis del proceso judicial, cuando las carpetas de investigación logran ese estatus. Pero habrá que ser cuidadosos: para no afrentar la autonomía de las fiscalías y del Poder Judicial, es indispensable que el Poder Legislativo, a iniciativa propia o del Ejecutivo, construya las condiciones de ley para la regeneración, desde su propia dinámica y potestades, de estos órganos, fundamentales para recuperar la paz, la seguridad y el Estado de derecho.
  3. Participación social y ciudadana. Más allá de la supresión de apoyos a las organizaciones civiles, hace falta invertir más en tecnología e infraestructura para que las personas, las familias y las empresas cuenten con instrumentos prácticos y oportunos de prevención, contención y atención, en su caso, a los delitos cometidos.

Bienvenida la GN: saludamos que su arribo haya sido sin protagonismos ni prepotencia, que es usual en los órganos que detentan la fuerza coercitiva del Estado. Hoy, más que nunca, hace falta mesura, determinación, apego a la institucionalidad y, desde luego, ética y acreditada vocación de servicio, tanto en lo federal como en lo local.

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