16 julio 2019
El Popular

Invitado

Plan de reforma constitucional que verá nuevo gobierno de Panamá genera dudas

Por Invitado . / junio . 26, 2019.

* POR FABIO AGRANA

La propuesta de reformas constitucionales que será entregada por un ente civil al gobierno entrante de Panamá, genera dudas en cuanto a la renovación del sistema judicial y del Parlamento, y sobre la suerte que le pueda esperar cuando se someta a referendo, en caso de que sea aprobada por los diputados.

Se trata de la oferta del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, un ente creado en 2008 en el que participan más de 2 mil representantes de los sectores empresarial, obrero, indígena, academia, partidos políticos, Organizaciones No Gubernamentales, iglesias y el Gobierno nacional.

Todos los ojos están puestos sobre el documento de la Concertación: el presidente electo, Laurentino Cortizo, quien asumirá el cargo el próximo 1 de julio, dijo que la utilizará como fundamento para la propuesta de cambios a la Constitución de 1972 que previsiblemente llevará en octubre próximo a la Asamblea Nacional, de 71 escaños.

La reforma constitucional fue la principal oferta de campaña de todos los candidatos presidenciales de cara a los comicios del pasado 5 de mayo, que ganó por estrecho margen Cortizo, un exministro y exlegislador del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que quedó además como la primera fuerza parlamentaria.

La idea de Cortizo es que las reformas sean aprobadas en dos legislaturas y luego, en un mínimo de 3 a 6 meses, someterlas a un referéndum popular.

El mejoramiento de la administración de la Justicia, muy cuestionada por la mora judicial y la impunidad de un sistema que permite que los magistrados sólo sean procesados por los diputados, y éstos por el Supremo, es uno de los aspectos que generan más expectativas.

Ese mecanismo desaparece en el paquete de reformas elaborado por la Concertación, y sería el Ministerio Público el que investigue toda denuncia o querella contra un magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Si el magistrado es imputado por el Ministerio Público, lo procesará en primera instancia un Tribunal Constitucional, que es una figura nueva que llega con estas reformas y velará por la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución Nacional.

También se modifica el procedimiento de nombramiento de los magistrados del Supremo, una tarea que recae ahora en el presidente del país y que pasa por la ratificación del Parlamento.

Los cambios contemplan que cada magistrado sería nombrado por el Consejo de Ministros de una terna propuesta por la Concertación Nacional, y que el juez debe ser ratificado por el Parlamento, para que pueda ejercer el cargo por un periodo de 15 años (ahora es de 10).

También se propone que los diputados se puedan reelegir por un solo periodo, lo que pondría fin a reelecciones consecutivas con las que algunos legisladores llevan más de un cuarto de siglo en la Asamblea.

Esas modificaciones son valoradas positivamente por el abogado y analista Ebrahim Asvat, quien dijo a Efe que “siempre es buen ejercicio los cambios, que no van a ser absolutos, sino que se avanza poco a poco sobre temas muy puntuales, en la medida de las posibilidades y de cómo se administra el poder”.

En cuanto a los magistrados del Supremo, Asvat consideró que más importante que los años que estén en el cargo es que no sean nombrados “por razones políticas, favoritismo o por amistad con el presidente” del país, “o el partido (político) de turno en el poder”.

Asvat afirmó sin embargo que le parece “totalmente absurda” la propuesta de que los que aspiren a ser magistrados se sometan a un escrutinio “como en un circo romano” por parte de la Concertación Nacional para escoger una terna, lo cual, dijo, “se puede convertir en un espectáculo, y hay gente que no está dispuesta a pasar por eso”.

Para el experto en Derecho Constitucional Ernesto Cedeño, las reformas planteadas por la Concertación “no reúnen las características como para resolver los problemas del sistema de Justicia”.

Entre otras, Cedeño criticó que se crea un Tribunal Constitucional “y no se le da la independencia que debiera tener” para cumplir su rol.

Este documento, alertó Cedeño a Efe, “va a sufrir los rigores de una discusión en la Asamblea, y no hay nada que te diga que algunos puntos importantes vayan a permanecer, sobre todo los aspectos del impedimento de la reelección” de los diputados.

El expresidente del Colegio Nacional de Abogados José Alberto Álvarez dijo a Efe que este paquete de reformas “en nada” contribuirá al fortalecimiento de la institucionalidad y la mejora del sistema de justicia.

“Vislumbro un fracaso rotundo en ese proyecto de la Concertación,” manifestó Álvarez, lo cual, vaticinó, se producirá cuando sea sometido a la consulta popular, luego de su aprobación en dos legislaturas por la Asamblea Nacional.

Los “parches y los remiendos no son la forma como se debe hacer un nuevo pacto social” a través de un cambio a la Constitución; “entonces, eso está casi condenado al fracaso”, remarcó Álvarez.

La última reforma a la Constitucional en Panamá fue en 2004.

 

*Analista internacional

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