24 marzo 2019
El Popular

La corte de los milagros

De delegados sobrevivientes, notarios en apuros y la chunga del interinato

Por Rodolfo RUIZ. / enero . 10, 2019.

¿Sabe usted cuántos de los 42 delegados que venían del anterior gobierno federal siguen en funciones en Puebla?

Sólo cuatro: Ana Isabel Allende Cano, de la Secretaría de Gobernación; Antonio Kuri Alam, del Infonavit; Javier Rubén Ramírez Carranza, de Banobras; y Santiago Bárcena Álvarez, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Este último, por cierto, estuvo a un tris de convertirse en secretario de despacho en el gobierno de Puebla. Martha Erika Alonso Hidalgo lo iba a nombrar secretario de Salud en los primeros días de enero, lo que ya no ocurrió por el deceso de la gobernadora y su marido, el senador Rafael Moreno Valle, en un trágico accidente aéreo ocurrido la tarde del 24 de diciembre.

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De verdad que el manoseo provocado por el Congreso del estado en torno al nombramiento de gobernador o gobernadora interina es ya motivo de chunga.

Es tal el cachondeo que hasta la ex diputada local y ex candidata del PAN a la presidencia municipal de Teziutlán, Corona Salazar Álvarez, ya consiguió que algunas organizaciones y personajes ilustres de la Perla de la Sierra la postulen al cargo de gobernadora interina.

Entre los firmantes de la carta de intención a favor de Corona Salazar figuran el notario público número 4 Lucio Ibarra Cadena, el juez Bernardo Elfego Torres Nolasco, y el director de Agencias del Ministerio Público de la zona Nororiente, Ismael Zaca Morán, entre otros miembros del Consejo de Juristas de Teziutlán.

¿A poco esa postulación no está de risa loca?

Lo mismo podría decirse de las nominaciones de Norberto Amaya Aquino, Paola Migoya Velázquez y Ricardo Villa Escalera.

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El notario Juan Tejeda Foncerrada acaba de perder varios de los juicios de amparo que promovió para impedir que su patente como titular de la Notaría Pública número 2 de Puebla le sea revocada.

El aún fedatario —a través de su abogado José Carlos Susunaga Vallejo— reclamaba la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley del Notariado y su aplicación en procedimientos sancionadores seguidos en su contra.

En los juicios también se quejaba de la no admisión de varios recursos que interpuso en contra de las sanciones que le aplicó la Dirección General de Archivos y Notarías de la Secretaría General de Gobierno (SGG).

Todos los amparos los perdió. Los argumentos de la Juez de Distrito para sobreseer y negarle el amparo son básicamente que en unos casos los artículos que reclamó ni siquiera se le habían aplicado, que el juicio de amparo no lo interpuso en tiempo y que el recurso que pretendió promover contra las sanciones, no lo contemplaba la Ley del Notariado en el momento de los hechos por los cuales fue sancionado.

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