14 diciembre 2018
El Popular

Invitado

La (in)justicia yanqui

Por Silvino VERGARA. / diciembre . 06, 2018.

 

Los nadies: los hijos de los nadies, los dueños de nada.

Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata

Eduardo Galeano

 

El mexicano de apenas 16 años, José Antonio Elena Rodríguez, fue asesinado de 16 balazos por el agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos Lonnie Swartz el día 10 de octubre de 2012, debido a que estaba “arrojando piedras” desde Nogales, Sonora, hacia la frontera con Estados Unidos de América. Por ende, el pasado 21 de noviembre de 2018 se sentenció, por un jurado conformado por ocho mujeres y cuatro hombres, que se trató de legítima defensa por parte del policía fronteriza por las agresiones con piedras del joven mexicano.

En este mismo año de 2018, otra noticia fue que en la legislación marcial de Israel se permitió disparar con balas con pólvora a los palestinos que pretendieran acercarse a menos de diez metros de la frontera, esto para evitar que se inmolen cargados de productos explosivos, lo cual dio como consecuencia que organismos en pro de los derechos humanos acudieran a los tribunales de aquel país sosteniendo la contravención de esas disposiciones legales a los derechos fundamentales. Sin embargo, se sostuvo la procedencia de esa medida legislativa. Después de estos sucesos: ¿qué sucede con la administración de justicia actual, sobre todo en los países que se ostentan de primer mundo?

En cambio, en México y los países de América latina se nos ha obligado, por medio de los organismos internacionales (como el banco mundial, el fondo monetario internacional, la OCDE), a reformar hasta la propia constitución, como es la reforma del pasado 15 de septiembre de 2018 al artículo 17 de la Constitución: “Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales”. Sin embargo, se han implementado juicios orales que rompen con la naturaleza de los sistemas judiciales de nuestra región, a costa de grandes sumas de dinero y juicios incorrectamente resueltos. Así, se capacita al personal de los juzgados y tribunales, a los ministerios públicos, se modifican los planes de estudios de las universidades y escuelas de derecho, se establecen maestrías con este propósito de implementar dichos juicios orales. Todo ello por la presunción de los países hegemónicos de que la administración de justicia en nuestros países no es acorde con sus sistemas ni, sobre todo, con sus intereses, particularmente los económicos.

También, en el mes de noviembre de 2018, se aplicó la pena de muerte en Estados Unidos de América a otro mexicano: Roberto Moreno, cuyo caso no se mencionó tanto como en ocasiones anteriores ni se hizo comunicado presidencial al respecto —solamente de la cancillería mexicana—. Posiblemente por la debilidad con que se finaliza esta administración pública y la intrascendencia de estos comunicados, éste pasó desapercibido, lo que en pleno siglo XXI no se puede consentir, desde la academia, es decir, desde la doctrina, los libros, pues en los propios tratados internacionales de derechos humanos se encuentra determinantemente prohibida la pena de muerte al ser un símbolo del derecho pre-moderno, en donde las penas eran simples venganzas; las sanciones, simbólicas, y las penas iban dirigidas a la sociedad y no al delincuente para demostrar lo que le podía suceder a quien cometiera delitos (Zaffaroni, Eugenio Raúl. La Cuestión criminal, Buenos Aires, Planeta, 2012). Pues bien, en un país que se dice del primer mundo, donde las estadísticas sostienen que es el que más personas tienen detenidas en los centros penitenciarios —desde luego, muchos de ellos concesionados a la iniciativa privada (Simon, Jonathan. Gobernar a través del delito, Barcelona, Gedisa, 2011)— se puede hacer esa pregunta: ¿qué sucede con la administración de justicia actual?

Así, si se han implementado, en los sistemas jurídicos actuales de México y los países de América Latina, procedimientos jurisdiccionales que —con estos casos tan notorios— evidencian que no dan como resultado sentencias de derechos, sino sentencias políticas (Vergara Nava, Silvino. La utilidad de la filosofía del derecho en el derecho tributario. Ciudad de México, Porrúa, 2009), en donde no se busca la seguridad jurídica o la justicia, sino razones de otro tipo, como el caso en particular de la criminalización de la pobreza, del racismo, valdría la pena reconsiderar si las reformas en la administración de justicia de los últimos seis años van en camino a una mejor impartición de justicia o si nada más se trata del control a la población por el poder hegemónico mundial.

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