23 abril 2019
El Popular

La corte de los milagros

Alguien busca dañar a Jorge Cruz proponiéndolo como magistrado del TSJ

Por Rodolfo RUIZ. / agosto . 27, 2018.

La inclusión del presidente estatal del PRD, Jorge Benito Cruz Bermúdez, en una terna para nombrar magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), pareciera estar diseñada para afectarlo, encabritar al foro poblano de abogados y para que alguien promueva un amparo que eche abajo su posible designación.

Para nadie es un secreto que Jorge Cruz es un cuadro político del morenovallismo, cuya trayectoria ha ido de los partidos a la administración pública y viceversa, y que en la campaña política para la gubernatura estuvo muy cerca de la gobernadora electa Martha Erika Alonso Hidalgo.

Si la intención de llevarlo al Poder Judicial era premiarlo, sus impulsores se equivocaron, pues están exponiendo al ex secretario de Educación al escarnio público.

Proponerlo como magistrado en una terna donde va una juez, María de los Ángeles Muñoz Cortés, del Juzgado Tercero de lo Familiar, y después del escándalo que generó la designación de José Montiel Rodríguez como magistrado del Poder Judicial, pese a no cumplir con los requisitos de ley, entre ellos su cédula profesional que no tiene 10 años de expedida, parece un despropósito, una trampa.

Un descuido imperdonable de quien tenía revisar el expediente de la terna que el gobernador enviaría al Congreso: el titular de la Secretaría General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano.

¿A poco Diódoro Carrasco no sabe que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116 fracción III dice que los magistrados deben ser personas que preferentemente hayan prestado servicios en el Poder Judicial o con méritos, antecedentes y competencia en la profesión jurídica?

Cito textualmente la fracción III del referido artículo constitucional: “El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas.

“La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones debera? estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orga?nicas de los Estados, las cuales establecera?n las condiciones para el ingreso, formacio?n y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.

“Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, debera?n reunir los requisitos sen?alados por las fracciones I a V del arti?culo 95 de esta Constitucio?n. No podra?n ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el an?o previo al di?a de la designacio?n.

“Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales sera?n hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administracio?n de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesio?n juri?dica”.

El titular de la SGG debería saber que ya existe jurisprudencia para el nombramiento de magistrados, cuando los propuestos carezcan de carrera judicial.

La jurisprudencia dice: “debe tratarse de personas que se distinguen o destacan en el ámbito jurídico; por ejemplo, deben contar con aportaciones académicas, ser autores de libros en el campo del derecho o ensayos o tesinas en materia jurídica reconocidas por la academia; litigantes que cuenten con un perfil sobresaliente, por llevar con éxito la defensa en asuntos de importancia y trascendencia, o servidores públicos en cargos públicos relevantes desempeñados con eficacia”.

¿A poco Jorge Cruz se ubica en estos supuestos?

Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y próxima secretaria de Gobernación de López Obrador, ha insistido sobre la independencia de los miembros del Poder Judicial y ha dicho que esta condición es un valor y garantía para hacer efectiva la división de poderes en México.

¿Qué independencia puede proyectar el eventual nombramiento de Jorge Cruz como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, a sabiendas que fue operador electoral y dirigente de uno de los partidos que nominaron a la gobernadora electa Martha Erika Alonso?

¿Qué garantiza que no actuará como subordinado suyo en el Poder Judicial?

Jorge Benito puede ser de gran utilidad al gobernador en funciones o la gobernadora electa, pero no como una posición suya al interior del máximo tribunal de justicia del estado.

Su inclusión en una terna para el cargo de magistrado es equivocada, sobre todo si en la misma figura una juez, que ha sido titular del Juzgado Segundo Civil de Huejotzingo y juez de lo Familiar en los Juzgados Segundo y Tercero, ambos del Distrito Judicial de Puebla.

Por estricta legalidad y apego a la Constitución, los diputados de la saliente LIX Legislatura local tendrían que votar por aquella y no por el presidente estatal del PRD.

En corto

Con la novedad de que Puebla Comunicaciones y la Coordinación de Comunicación Social del Ejecutivo tendrán que separarse, como antes del sexenio de Rafael Moreno Valle, debido al nuevo status jurídico de las estaciones de radio y canales de televisión de la primera dependencia que dejaron de ser permisos para convertirse en concesiones.

Se sabe que una de las condiciones que puso el Instituto Federal de Telecomunicaciones al otorgar el título de concesión a los 2 canales de televisión y 8 estaciones de radio de Puebla Comunicaciones es que estos medios se deslinden de coordinar la política de comunicación social del Poder Ejecutivo del Estado y desarrollar proyectos estratégicos o prioritarios para la Administración Pública Estatal.

Con base en la Reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y al cumplimiento de su artículo 86 los canales de televisión y estaciones de radio tendrán que ser de uso público y tener independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana y reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas.

El plazo para cumplir con esta separación vence en septiembre, por lo que el Congreso local deberá aprobar cuando antes el decreto enviado por el gobernador José Antonio Gali y la próxima administración estatal resolver dónde será reubicado el personal de la Coordinación de Comunicación Social, que tendrá que abandonar del edificio del Bulevar Atlixcáyotl 1910 para instalarse seguramente en el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis o en Casa Aguayo.

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A propósito.

Cuentan que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratifica el triunfo de Martha Erika Alonso Hidalgo como gobernadora de Puebla emprenderá una profunda reestructuración en las áreas de Comunicación Social.

Se sabe, de primera fuente, que tiene previsto desaparecer o eliminar oficinas de Comunicación Social de todas las secretarías y dependencias del Ejecutivo, para concentrar y centralizar recursos y acciones en una Coordinación que estará a cargo de Sandra Izcoa Reyes.

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La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, debería acotar a su asesor Adán Xicale Huitle y no cederle el nombramiento de los que serán sus secretarios, sin consultar esos nombramientos con sus regidores.

Estos ya le hicieron saber que si no hay pláticas ni acuerdos, el Cabildo le rechazará los nombramientos que proponga de secretario general, tesorero, contralor y secretario de Seguridad Pública.

Entre ella los de Dulce María del Gregorio y José Luis Ruiz Simiano como secretaria general y secretario de Seguridad Pública, respectivamente.

Un personaje que le podría ayudar a resolver este conflicto y a mediar con los dirigentes estatales de Morena, que ven con preocupación los crecientes enconos entre regidores y la polarización de varios de ellos con Adán Xicale, es Miguel Ángel Labastida Carballeda.

El ex panista ha servido como enlace entre la presidenta electa y el presidente municipal saliente, Leoncio Paisano Arias, y entre el representante de Morena ante el Consejo Municipal, Adán Xicale, y el presidente del organismo electoral, Pablo Merino.

Sin embargo, aún tiene pendiente zanjar diferencias que hay entre Adán Xicale y el regidor Sergio Quiroz Corona, que vienen desde que aquél bajó de la candidatura a la presidencia municipal de San Andrés Cholula a Eva Suárez, esposa de Quiroz, para poner a Karina Pérez Popoca.

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