21 mayo 2019
El Popular

Stalingrado

México: país tóxico X

Por Rodrigo ROSALES ESCALONA. / junio . 23, 2018.

Como se ha descrito, la política gubernamental del ejercicio del poder, de cómo y en qué forma nuestros tecnócratas se van apegando al a doctrina del shock, tenemos que estos neocons mexicanos adquiere un nuevo significado la frase de Carlos Salinas cuando dijo que iba a hacer la revolución dentro de la revolución. Le dio un nuevo significado al concepto revolución, porque en lugar de ser algo progresista se convirtió exactamente en lo contrario. Como decía el chiste: Salinas es Hood Robin: les quita a los pobres para darle a los ricos.

Gracias a estos neocons o neopols, México es el primer caso de reforma neoliberal radical que se implanta de forma paulatina y sistemática, aunque está dentro de la dinámica del capitalismo del desastre, como lo denomina Klein, porque aprovecha la condición de shock para lanzar reformas profundas estructurales que llegarán a modificar la estructura socioeconómica y política, aunque se resistan a los cambios políticos para no perder el control del aparto decisor. La implantación del capitalismo del desastre incluye privatización, desregulación y recorte a los programas sociales, bajo el planteamiento de que hay que recortar subsidios por salud fiscal, insensibilidad social pura y dura, lo que equivale al argumento de que los pobres lo son porque quieren y por no trabajar fuerte. Hay otros elementos en el programa neoliberal que inciden en el manejo de la macroeconomía y que incluyen bajo déficit fiscal y estabilización monetaria, cuestión que los neopols mexicanos han manejado como si fuera una proeza; han estabilizado la macroeconomía, mientras en la microeconomía más de 60 por ciento de la población sufre penurias, porque han convertido la pobreza en parte de la estructura socioeconómica, que parece inalterable y que condenará a decenas de millones a un futuro atroz, mientras los neocons se colocan en el mundo para saciar sus ambiciones como si fueran los campeones del cambio. Condición, que cada sexenio, tales medidas privatizadoras, se van perfeccionando mediante “reformas constitucionales, o mediante decretos nada claros”.

La postura tecnócrata es clara, porque para la implantación de la terapia de shock es la creación de pánico que atemoriza a la sociedad paralizándola, de tal forma que no pueda reaccionar ante las medidas y decisiones drásticas implantadas a partir de coyunturas específicas y que generan diversos grados de sufrimiento. Un ejemplo, es el proceso de privatización del agua: el 4 de mayo de 2015, el periódico La Jornada publicó la estremecedora noticia “el mal servicio de agua potable deja costosas secuelas”, y reporta que 81 por ciento de los mexicanos compra agua embotellada. El diario descarta analizar la forma como se creó la imagen de que el agua no embotellada llega a estar sucia, no potable, o que es un riesgo, y tampoco analiza hasta qué nivel la venta del agua está privatizada con un sobrecargo descomunal.

Tres años después, este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y firmó diez decretos del Programa Nacional de Reserva de Agua, quien, a su vez, con el supuesto argumento de que el objetivo de estas acciones es promover el ordenamiento y la regulación del manejo integral y sustentable de los recursos forestales e hídricos del país pues su cuidado es hoy una política de Estado.

“La política ambiental es un buen ejemplo de que los objetivos nacionales solo se pueden alcanzar con visión de futuro por encima de coyunturas políticas, calendarios electorales y ciclos de gobierno”.

Al imponer diez decretos del Programa Nacional de Reserva de Agua se llegó a 274 cuencas protegidas y se alcanzará al final del sexenio 295; 56 por ciento más que la meta impuesta en 2012, genera un panorama y expectativas de pérdida de beneficios nacionales como de soberanía, en cuanto a que, como siempre, una cosa es lo dicho y otra cómo se ocultan las dimensiones y beneficios para los particulares.

Para estudiosos constitucionales como ambientalistas y de otras disciplinas, coinciden en que esta es “la última etapa de impulso a las reformas energéticas del gobierno federal, pues se podrá explotar por parte de la industria minera, el fracking o extracción de hidrocarburos, pues se favorece el uso doméstico y público urbano del recurso natural.” (Publimetro, 19 de junio de 2018)

De lo anterior, el investigador y académico de la UAM, Pedro Moctezuma Barragán, e integrante de la iniciativa Agua para Todos, Agua para la Vida, aseguró que “este decreto da un gran poder a los gobernadores para dar concesiones a empresas privadas, lo que puede ser algo terrible, pues lucran dando la espalda al derecho humano.“Se debe abrogar porque se vendió como ambiental, pero sólo abre la puerta a las malas prácticas y legalizar el despojo del agua; promoviendo los negocios y las mega obras privadas”, acota.

Continuaremos.

rodrigo.ivan@yahoo.com.mx

*Analista político y de prospectiva social

 

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