25 septiembre 2018
El Popular

La opinión del Búho

Fotomultas, amparos y ciudadanía

Por José Juan ANZURES. / febrero . 20, 2018.

La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo un amparo en revisión por la imposición de 11 fotomultas a un conductor en la Ciudad de México por vulnerar la garantía de audiencia consagrada en el art. 16 de la Constitución mexicana.

Como se sabe, el amparo es el juicio mediante el cual se protegen o pretenden proteger los derechos humanos de las personas, mismos que están consagrados en el Capítulo 1 de nuestra Constitución y en los tratados internacionales ratificados por México. Los derechos humanos, como también se sabe, son los derechos que corresponden a cada persona por el hecho de serlo, pero su positivación en textos constitucionales nace del ideario liberal como una forma delimitar los excesos en el ejercicio del poder por parte de los monarcas absolutos europeos.

Entre estos derechos se reconoce desde entonces la garantía de audiencia, que consiste en palabras llanas, en la posibilidad de toda persona de dar su versión de los hechos antes de recibir una sanción por la comisión de una determinada conducta sancionable. Se trata de un derecho aplicable en todo tipo de derecho sancionador, ya penal, ya administrativo, pero incluso en nuestra vida diaria; la garantía de audiencia es utilizada por el menor de edad cuando pretende explicar los hechos acontecidos antes de ser reprendido por sus padres por romper una ventana con su pelota de fútbol; también el adolescente recurre a la garantía de audiencia cuando pretende justificar a sus padres el motivo por el cual llegó tarde a casa, o cuando el esposo pretende explicarle a su mujer la razón por la cual no llegó a dormir; o sea que es propio de la naturaleza humana expresar nuestra versión de los hechos antes de ser reprimidos por la comisión de una determinada conducta.

Los amparos promovidos contra las fotomultas argumentan de manera incuestionable la violación a la garantía de audiencia, y las decisiones de los jueces que han concedido los amparos son también indiscutibles desde el punto de vista jurídico. Muy probablemente la SCJN resolverá que, en efecto, las fotomultas vulneran la garantía de audiencia.

Pero más allá de la cuestión jurídica, en estas líneas quiero hacer un llamado a la conciencia y la responsabilidad ciudadana de todos nosotros, y es que en el fondo me cuestiono cuántos de los promoventes de esos amparos, en realidad sí excedieron el límite de velocidad y recurrieron a este juicio como un artilugio para no pagar la multa correspondiente. Como profesor, no puedo dejar de encontrar la similitud con la conducta de aquel alumno que aun siendo descubierto copiando en un examen, empieza a alegar un sin fin de excusas para no asumir la responsabilidad de su actuar.

Lo preocupante no es tanto que la ley en cuestión no contemple la garantía de audiencia, sino la posibilidad de violentar una disposición y tratar de evadir las consecuencias mediante la utilización de un recurso jurídico. Resulta verdaderamente penoso que muchos ciudadanos recurran al discurso de los derechos humanos para evadir una sanción administrativa, resulta incluso indignante el abuso de la noble figura del amparo para violentar la ley y no responder por dicha actuación; resulta indignante que existan más de 500 amparos por fotomultas en la Ciudad de México y que no exista en nuestro ideario el firme propósito de cumplir una determinada norma, y es que en primer lugar la norma no se debió de haber incumplido, contemplara o no una garantía de audiencia, ¿o es que si la norma hubiese contemplado esta garantía los quejosos no hubieran excedido el límite de velocidad?

Por lo demás, la disposición tiene el noble propósito de garantizar la seguridad de las personas. Al exceder el límite de velocidad se pone en riesgo la seguridad del infractor y la de los demás conductores; si los promoventes de los amparos excedieron el límite de velocidad, pusieron en peligro sus vidas y las de los demás conductores… pero eso no importa… lo que parece importar para estos “ciudadanos” es violar la ley y salirse con la suya…

*Tecnológico de Monterrey. Decano Regional Sur, Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno

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