21 mayo 2019
El Popular

Stalingrado

Libertad en entredicho (III)

Por Rodrigo ROSALES ESCALONA. / diciembre . 23, 2017.

“Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”

 

Toda nación que desea desarrollarse como tal, debe transitar el penoso camino de las luchas internas, la nuestra no escapa a esta verdad, y para parir nuestro país fue necesario asistir, en distintos momentos de la historia, al sangriento fratricidio que parece ser el precio a pagar para avanzar a un estadio superior, para ello sólo hace falta recordar las luchas internas en el pasado siglo XIX con su sangriento legado de miles de muertos, entre golpes de estado, guerra de Reforma, dos intervenciones extranjeras.

También es cierto que determinado el bando ganador, se decide cuál va a ser la historia (relato) que se transmitirá de generación en generación, convirtiéndose tal vez en la verdad absoluta, hasta que alguien les intente demostrar que la tierra es redonda. Deliberando si la es justicia parcial no es justicia.

Las declaraciones recientes de cada uno del actual gobierno vuelven a poner sobre la mesa de discusión un tema que muchos, la mayoría por ignorancia y otros tantos por mezquindad, ponen en riesgo al país, me refiero a la Ley de Seguridad Interior, donde la palestra legislativa de Senadores o diputados federales, sirvió para manipular la razón y reflexión, para imponerla, a costa de las consecuencias violatorias a la Constitución y derechos humanos en todos sus sentidos.

Llama mucho la atención que quienes hoy levantan la atractiva y remunerable banderita de combatir la narcoviolencia, urge contar con una ley para combatirla. El problema radica que esta guerra y sus consecuencias de miles de muertos, tiene un fondo más cruel. La descomposición del Estado, la originan y fortalecen quienes secuestran a la democracia infantil, como a las leyes en su conjunto, para deformarlas y así lograr cada plusvalía económica a su favor, así sea que eliminar, arrestar, ejecutar, reprimir a la sociedad, a líderes sociales, a periodistas comprometidos con la objetividad, quienes exigen justicia a secas. Algo tan simple de comprender, pero cómo estorba a los obscuros intereses de una estirpe oligárquica, de la plutocracia y cleptocracia.

Todo movimiento social de protesta, no inicia por personas carentes de razón, al contrario, parten de la violación de sus derechos sociales, muchas veces es o son los gobernantes quienes actúan en contra del pueblo. Insisto, amparándose en la ley, cometen aberraciones de la misma en contra de la sociedad o estabilidad nacional.

Recurriendo a la memoria histórica, para no olvidar, señalemos que el 18 de septiembre de 1941, el entonces presidente Manuel Ávila Camacho, en medio del conflicto más sangriento de la historia, la Segunda Guerra Mundial, envió al Congreso la propuesta de aprobación del “delito de disolución social”, mediante el artículo 145 Bis del Código Penal Federal, el cual sería utilizado en ocasiones futuras para reprimir cualquier muestra de descontento. En la teoría, este artículo estaba previsto para evitar la expansión del fascismo frente a los actos de la así llamada Acción Revolucionaria Mexicanista (llamados también los Camisas Doradas) y la Unión Nacional Sinarquista, que en los años 30 y 40 hacían revueltas, mítines reaccionarios y peleas callejeras tanto contra trabajadores y sindicatos como contra la policía y el gobierno mexicano.

En los hechos, este artículo se siguió usando después de la Segunda Guerra Mundial para reprimir y encarcelar a los disidentes políticos y aquellos obreros, estudiantes e intelectuales que impulsaran la independencia política de los trabajadores frente al Estado y cuestionaran el orden priista, mientras que ninguna persona de tendencia fascista sería procesada por éste.

Ya desde 2015, se incorporaron anexos al artículo 29 y 33 Constitucional, similar al 145 Bis., donde se inicia la preparación para la actual “Ley”, como recurso de su defensa y justificación sobre México que apareció en el Barómetro Global de la Corrupción como el país más corrupto de Latinoamérica, siendo el actual sexenio la enfermedad se expandió tanto que su cura es el gran desafío para futuras generaciones. Con esta legislación, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, puede decidir en qué lugares se declara afectación a la Seguridad Interior para que se cuiden municipios y los electores puedan salir o no a votar y “cambiar” el resultado de las elecciones. Lo oculto, radica en aquél 145, donde es un estado de excepción de facto.

Por eso es necesario recordar que “un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”. Es menester entonces realizar una ineludible catarsis democrática. El principio de “verdad, justicia y reparación” es el principio irrenunciable hacia una verdadera democracia.

 

rodrigo.ivan@yahoo.com.mx

*Analista político y de prospectiva social

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