17 julio 2019
El Popular

Stalingrado

Libertad en entredicho

Por Rodrigo ROSALES ESCALONA. / diciembre . 09, 2017.

Al momento en que Antonio Meade sentenció, que desde que asuma la Presidencia de la República, combatiría la corrupción, consideré que, entonces se tendría que dar un disparo en el pie, porque ¿cómo le hará para someter a juicio a tantos corruptos que le antecedieron, así como que él fue parte o testigo? Sin embargo, su dicho no fue sometido al análisis valorístico, porque Andrés Manuel López Obrador, en ese día, en entrevista, declaró que, para ir resolviendo el problema de inseguridad en el país, se “daría amnistía al crimen organizado”. Inmediatamente se desataron críticas contra él, donde el PRI, PAN y mandos militares, lo acusan de todo.

Lamento que AMLO, por sus palabras, opacó la posibilidad de medir a Meade, en cuanto a que, si toca el tema de corrupción, más de uno de los políticos y gobernantes, serían pasados por la guillotina. Meade se puso el cascabel al cuello, siempre y cuando gane las elecciones, porque su globo de helio “triunfador”, de que lo están vistiendo de ser un hombre honrado, se está desinflando en pocos días, es decir, no pega ni cobra fortaleza.

Se debe a que son tantos los agravios y violaciones a la Constitución y leyes que derivan, cometidos por gobiernos nefastos como criminales, que el conjunto social ha acumulado rencor y hartazgo contra ellos y sus partidos políticos que los postulan; ya sea en el PAN con los experimentos fallidos de Fox y Calderón, el mismo dirigente nacional Ricardo Anaya, si agregamos al exgobernador Rafael Moreno Valle, quien no se escaparía de la guillotina de Meade. El PRD, que, desde la imposición de los chuchos, dejó de existir, porque se convirtió en una marioneta de intereses, más no de un ideal social. Ya de regreso del PRI al poder con Enrique Peña Nieto, nos encontramos que continúa con las indicaciones del salinismo, de depredar a la nación, al eliminar soberanía, derechos laborales y sociales, restar objetividad a la educación, para hacer de ella, un instrumento castrante del pensamiento reflexivo, bajo el esquema neoliberal, eliminando identidad social e histórica: ser mecánica, nada más.

Regresando a AMLO y su amnistía, todos se desgarraron las vestiduras, alegando que sería validar al crimen organizado, que durante dos sexenios los han combatido, empleando a las fuerzas militares en esa tarea. Derivando en miles de muertos, ejecutados y desaparecidos. Claro, la sociedad está apañada y temerosa de la brutalidad criminal, comparable a una guerra civil, por las sangrientas consecuencias, porque diariamente, ya sea de manera vivencial o a través de los medios de comunicación, nos enteramos de los crímenes, levantones, ejecuciones, desapariciones, etcétera. En sí, el país teñido de sangre.

Pero, es momento de detenernos y reflexionar que la corrupción e impunidad gubernamental y de los poderes fácticos, están implicados en estos actos sangrientos. Agregando que dentro de las listas de los asesinados o desaparecidos, también están líderes sociales, periodistas, los 43 estudiantes normalistas; los de Atenco, etcétera, personas o grupos, que, por manifestar y exigir justicia, una bala es la respuesta de la supuesta justicia.

La experiencia de las naciones donde se extiende a más poder a las fuerzas militares, bajo el pretexto de coadyuvar en la impartición de seguridad en contra de actos criminales, la tendencia es que existe un gobierno paralelo, es decir, el legal y el militar. Lamentablemente, la historia está ahí, marcada por golpes de estado, dictaduras y más, que causan grabes violaciones a los derechos humanos, por sus actos criminales.

La corrupción e impunidad institucionalizada, ha degradado y fracturado la estabilidad nacional, tensando y sometiendo al límite de la paciencia al pueblo, quien está acorralado y sometido, ante cada violación de sus derechos constitucionales. Al grado de que es quien paga los negros resultados, es decir, muertos y desaparecidos. Insisto, es momento de aclarar con la Constitución en la mano, tanto atropello e injusticia.

Quienes pretenden “legalizar la represión”, mediante la susodicha “Ley de Seguridad Interior”, temen que el pueblo cobre confianza en alzar la voz, exigir y reclamar con profundo rencor, que esta estirpe tecnócrata, no continúe con sus fechorías. Al grado de que ONG, y un sinnúmero de ciudadanos, como líderes sociales, con profundos argumentos vivenciales, exigen un ¡NO ROTUNDO A TAL PRETENCIÓN! Porque es una propuesta de ley secundaria, violatoria a la constitución en los artículos: 29, 73, 89, 129 y 151.

Continuaremos.

 

rodrigo.ivan@yahoo.com.mx                

*Analista político y de prospectiva social

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