18 julio 2019
El Popular

Stalingrado

Silencio II

Por Rodrigo ROSALES ESCALONA. / octubre . 20, 2017.

El silencio forzado que aplica el sistema contra la libertad de expresión, misma que emite, o trata de hacerlo, su opinión contra la irracionalidad de la corrupción e impunidad con la que actúa el mismo sistema y sus poderes fácticos. Paradójicamente, el silencio forzado o limitación de la libertad de expresión, es una forma de expresión, porque el silencio es tan visible, tan tangible, como cruel, que la sociedad en general, encuentra que es reprimido, en cuanto a que el oprobio con el que se actúa, es más que evidente.

Insisto, el silencio forzado o represión al derecho de expresión, es someter a la sociedad y a los medios de comunicación y, en especial a los periodistas, a no expresar, a silenciar su conciencia. La necesidad de profesionalización de quien emite su opinión, es materia de preocupación para quienes temen a ser desnudados. Dentro del silencio, el sistema y gobiernos, recurren al chantaje financiero a los propietarios de los medios (Televisión, radio y prensa escrita), a quienes se les amenaza con cerrarles la válvula de los recursos, para motivar su muerte económica, o, por lo menos, su anemia financiera.

No podemos tener una democracia sana, mientras se persigue, amenaza, reprime, tortura o ejecuta a quienes tienen el valor de elevar la voz, la conciencia de exigir justicia. El silencio forzado, es una herida profunda a la democracia.

Carmen Aristegui, Leonardo Curzio, son reprimidos por expresar lo que el pueblo no tiene los medios de expresión, al quitarles el espacio social. Hay periodistas quienes han perdido su vida por decir la objetividad, por tener el valor de decir, de denunciar con juicio de valor. La democracia debe poseer el debate y deliberación de diversos temas que incumbe y necesita la sociedad en general, para determinar si entes diversos no han cometido actos de corrupción. El que sustenta el poder, posee la fuerza para someter, para eliminar, para sangrar la verdad y el dolor social de padecer represión en cualquiera de sus nefastas formas.

Ya sea líderes sociales o periodistas, son objeto de hostigamiento, por ejercer o intentar una supuesta libertad de expresión, de ahí que el asesinato de posiciones políticas amenaza el proceso democrático y socava el imperio de la ley. Los recursos que emplea el gobierno en su propaganda, es de 30 mil millones de pesos, mientras, la pobreza está a flor de tierra. El sismo del 19, nos da muestra de lo dicho, a pesar de que el gobierno pretenda vender la idea de que destinará inmensos recursos para paliar un poco el dolor de los afectados. Conforme se disipa el polvo de los escombros, resalta que no se dará ningún resultado real al dolor, al perder la inversión de toda la vida, de que los muertos, son o se reducen a un número. Esto, más las consecuencias políticas de la corrupción, se traduce en enriquecer a la cleptocracia, no al pueblo.

En México, el dolor a la represión, hiede, al grado de que tenemos que durante 60 meses de la actual administración se han cometido 261 asesinatos contra 17 sacerdotes, 124 líderes sociales —vinculados en su mayoría con la defensa de los derechos humanos—, 83 presidentes municipales en funciones y 38 periodistas. Cifra más que significativa.

Recuerdo que, durante la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua, como con Pinochet, o cualquier dictadura, el método de eliminar a líderes sociales, periodistas y sacerdotes, era para sembrar miedo a no expresarse a exigir justicia a secas. México, se supone no hay dictadura; la crueldad del sistema, actúa de igual forma, con métodos más refinados, pero la crueldad es la misma.

Aunque los homicidios contra periodistas y sacerdotes llegan a ser los más difundidos e indignan a varios sectores sociales, los ataques contra activistas y líderes sociales representan el mayor número de crímenes contra personajes comunitarios clave en el país, pues ascienden a 124 en este sexenio.

Es claro, en cuanto a que los gobiernos estatales son los que más violan los derechos humanos de personas y colectivos defensores con 39% de los eventos; seguidos del gobierno federal con 32% y los gobiernos municipales con 20%. En Puebla, con el gobierno de Rafael Moreno Valle, se recrudece la represión social, incluyendo a la prensa, contra quien se aplicó la “Ley Mordaza”, mediante ahorcar de recursos a los mismos, también amenazando, demandándolos con sembrar mentiras, robando o asaltando los locales de los medios. Todo, porque los periodistas mantienen su postura de quitar la venda de los ojos a la ciudadanía, con el fin de que descubran la cruda realidad con la que gobernó.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto cada año la violencia reflejada en las víctimas mortales ha aumentado. Si la tendencia se mantiene, Peña dejará un país igual o un poco más ensangrentado que Calderón. Los muertos no son números, en cuanto a que en diferentes entidades federativas los asesinados nunca pasan siquiera por el escritorio de una autoridad.

Tenemos la ejecución extrajudicial del luchador social Bernardo Ranferi Hernández Acevedo y su esposa Lucia Hernández Dircio, su suegra Juan Dircio y chofer en el crucero de Nejapa ubicado en los municipios de Ahuacuotzingo-Chilapa, Guerrero; es una expresión más del terrorismo de Estado.

rodrigo.ivan@yahoo.com.mx                   Analista político y de prospectiva social

 

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