21 mayo 2019
El Popular

Stalingrado

Mordaza a la sociedad

Por Rodrigo ROSALES ESCALONA. / junio . 10, 2017.

¿Libertad de expresión, de opinión y democracia? Son conceptos ajenos en un país llamado México, porque cada uno de ellos, a pesar de estar respaldados y consagrados en el artículo 6o. de la Constitución mexicana contiene la libertad fundamental de expresión de las ideas de todo ciudadano, como también de los medios de comunicación, encontramos que por ese derecho, la represión se ejerce en múltiples formas, siendo desde la amenaza velada o directa en contra de periodistas que realizan una labor informática de todos los actos de corrupción que cometen las autoridades gubernamentales, como también dan cuenta de los niveles de salvajismo del crimen organizado. A tal grado, que cuando no basta la amenaza, es cuando se ejecuta al periodista.

En una barda de una ciudad, quedó escrita una expresión elocuente como acusadora: “si la prensa calla, entonces que hablen las murallas”. Cierto, pero, es tal la persecución de la expresión y opinión de la prensa o de la ciudadanía, por difundir o manifestar el mar de injusticias, que se tienen que plasmar en una barda, para dejar constancia de que se denuncia al Aparato del Estado represor.

Además de periodistas, son cientos de ciudadanos y líderes sociales asesinados o ejecutados por intentar hacer valer el 6º constitucional, porque la nación está inmersa en la corrupción e impunidad. En este punto, si también citamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19 sobre libertad de expresión, dice: “Todo individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir investigaciones y opiniones, y el difundirlas, sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión”.  Lamentablemente, dicho precepto universal, es un atentado a los intereses de quienes violan sistemáticamente toda ley, con el fin de proteger sus intereses económicos y de poder, desde el poder mismo.

La libertad de expresión es un concepto que se aplica a individuos y es casi inseparable del respeto a la libertad de pensamiento. Del mismo modo que se debe permitir a cada individuo tener pensamientos controvertidos, que otros encuentren desagradables (negar la existencia de Dios, por ejemplo), así también debe serles permitido expresarlos. La justificación de esto tiene dos componentes. Primero, la libertad de expresión tiene un valor intrínseco para quien la ejerce, que puede así compartir sus opiniones e ideas con otros. Segundo, la diversidad de opiniones beneficia directamente a toda la sociedad: las ideas y los argumentos pueden ser sometidos al escrutinio público y mejorarlos, y los resultados están disponibles para todos.

Pero, ¿qué ocurre si el ejercer dicho derecho choca con intereses criminales y de gobierno corrupto? Es donde el sistema se transforma en represor, porque sabe que posee el poder de los Aparatos del Estado para ello. Cada evento que lesiona los intereses sociales, estos se manifiestan contra tal corrupción, sin embargo, si el poder considera que corre el riesgo de impedir evadir las leyes y ser sometido a juicio, ya sea para que se le encarcele y pague el daño patrimonial o ciudadano, una vez más, tiene el poder para evadir o reprimir,  ejecutar a los denunciantes, incluyendo a periodistas.

El caso del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, acusado de corrupción, logra escapar del país, para ser aprehendido en Panamá, esperándose el proceso de su extradición a México para ser juzgado. Como muestra de un “acto democrático”, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció, que la Comisión de Justicia Partidaria del CEN tomó la decisión y por unanimidad, de expulsarlo de sus filas. No es el único, porque también está Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. La lista es larga de otros mandatarios, incluyendo de otros partidos políticos, quienes atentan contra el pueblo. Si la tendencia es que luego de demostrarse que son ladrones y asesinos dichos gobernantes, para luego proceder a su expulsión de sus partidos, el problema es grave, porque a ese paso, las cárceles estarán saturadas, y los partidos se quedarán sin militantes.

rodrigo.ivan@yahoo.com.mx

*Analista político y de prospectiva social

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